Saltillo, Coahuila.- Bajo el entendido de que si se meten con una se meten con todas, la Diputada Federal por Coahuila, Cristina Amezcua, acompañada de Verónica Boreque Martínez, presidenta en Coahuila del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI), acudieron a interponer una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila en contra de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

Lo anterior, debido a que la gobernadora de Campeche, condujo un programa donde afirmó que tenía en su posesión material íntimo de las integrantes del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados; dichos señalamientos de la funcionaria pública afectan sus derechos humanos, son misóginos y violentan la dignidad de todas las mujeres.

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“Con esta acción queremos sentar un precedente, es una acción que demuestra que como mujeres estamos unidas y que si se meten con una, se meten con todas nosotras”, afirmó la diputada Cristina Amezcua.

La agresión y amenaza de la que fueron objeto las legisladoras del PRI se dio en un programa de televisión que se transmite en medios institucionales y redes sociales, donde el pasado 5 de julio, Sansores afirmó que tenía en su posesión material íntimo de las integrantes del grupo parlamentario priista en la Cámara de Diputados.

“La aseveración realizada por la gobernadora representa una seria y grave afectación a nuestros derechos humanos”, señala la queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, “pues a través de sus señalamientos misóginos estaría violentando la dignidad de todas las mujeres señaladas en este escrito de queja y se está vulnerando nuestra privacidad e intimidad”.

Este hecho, advierten, no solo es posiblemente constitutivo de delito, sino que son actos de violencia mediática, violencia institucional, violación directa y fehaciente a los derechos fundamentales.

Por lo anterior, solicitaron una investigación pronta y eficaz que lleve a la identificación y enjuiciamiento de los posibles responsables de violaciones a sus derechos humanos y el esclarecimiento de los hechos.

Pidieron la eliminación del video publicado en el que se mencionan las fotografías íntimas de las diputadas; además, demandaron limitar el asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendida, así como las medidas que sean necesarias para salvaguardar la integridad, la seguridad y la vida de la persona en situación de violencia.

Finalmente, requirieron al organismo realizar las investigaciones necesarias por la posible obtención ilegal de material fotográfico privado.

La diputada Cristina Amezcua y la Presidenta de ONMPRI presentaron como prueba una grabación del programa, para con ello acreditar las manifestaciones por difamar, menoscabar y disminuir sus derechos y libertades, por el simple hecho de ser mujeres y políticas.