Durante el arranque del segundo periodo ordinario de sesiones de la 63 Legislatura del Estado, se presentó la iniciativa para crear la Ley de Prevención, Tratamiento, Funcionamiento y Control de las Adicciones en Coahuila.
El diputado Jorge Arturo Valdés Flores dio lectura a la iniciativa, que propone impulsar la creación de centros de atención de adicciones por parte del sector privado y social.
La propuesta enfatiza que los centros de atención en Coahuila, tanto públicos como privados, deberán aplicar procedimientos y criterios científicos y profesionales en la prevención, tratamiento y asistencia a personas adictas a narcóticos, alcohol o tabaco. Además, se deben establecer medidas para lograr la reinserción social de los pacientes, y la Secretaría de Salud supervisará la duración de las terapias, asegurando que se logren los objetivos del tratamiento al que son sometidos los internos.
Asimismo, estos centros deberán contar con licencia de funcionamiento, autorización de Protección Civil, uso de suelo con giro de establecimiento de atención a personas, seguro estructural, anuencia de los vecinos donde se encuentren las instalaciones, autorización sanitaria y registro ante la Secretaría de Salud, entre otros requisitos, como el contar con servicio médico.
Los establecimientos del sector público ofrecerán sus servicios de manera gratuita, mientras que los operados por organizaciones civiles podrán cobrar cuotas de recuperación. Los privados aplicarán sus propias tarifas, pero deberán ofrecer entre el 5 y el 10 por ciento de las plazas con beca para atención y tratamiento.
La iniciativa también establece que los centros deberán exhibir su nombre, denominación o razón social y registro a la vista del público en el exterior del inmueble. Deben informar a las autoridades sobre el tipo y modelo de tratamiento, el objetivo que se pretende alcanzar, la capacidad de atención, acreditar la capacitación del personal, su programa de trabajo y las etapas del tratamiento. Además, deben ofrecer atención médica y psicológica.
Todo ingreso deberá ser voluntario y firmado por escrito por el usuario o, en el caso de menores de edad, por sus padres, representante legal o tutor. Además, debe existir un contrato de prestación de servicios.
En casos de extrema urgencia, el usuario puede ingresar por indicación escrita del médico a cargo del centro de atención de adicciones. Todo ingreso y egreso deberá ser notificado a la Fiscalía General del Estado.
