El costo de titularse en México y en particular en Durango, varía según se estudie en una universidad pública o en una privada. En el estado, las instituciones que ofrecen educación profesional, pueden llegar a cobrar, por trámites de titulación, cantidades que varían entre los mil 200 hasta los 25 mil pesos, afirmó la diputada del PRI, Rocío Rebollo Mendoza.
Al presentar la iniciativa que pretende poner límites y regular los cobros por trámites de titulación; explicó que, a la fecha, no existe ningún ordenamiento legal que faculte o limite a las universidades a realizar este procedimiento final en los estudios de los estudiantes duranguenses.
Incluso, afirmó Rocío Rebollo, las propias instituciones por cuenta propia y sin fundamento alguno y utilizando los vacíos legales, pueden llegar a negar a los egresados la entrega de los documentos necesarios para que los mismos, por derecho propio, puedan realizar los trámites ante la autoridad educativa.
La propuesta legislativa del Grupo Parlamentario del PRI (GPPRI), encabezada por Rocío Rebollo, busca otorgar facilidades y opciones para que más mujeres y hombres puedan acreditar el haber culminado sus estudios de educación superior, mediante la obtención de su título profesional, lo cual es una necesidad para, acceder a empleos mejor remunerados y dar la vuelta a los bajos índices de eficiencia terminal en este nivel educativo.
Al respecto, señaló que en el país y en Durango, existe un alto índice de deserción motivado por dificultades económicas –hasta el 35 por ciento- por lo que consideró necesario adicionar y reformar diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Durango y la Ley para el Ejercicio de las Profesiones en el Estado de Durango.
Ante el nuevo mercado laboral que se avecina en la entidad, la legisladora priista subrayó que los jóvenes profesionistas deben estar preparados y titulados en todas las ramas profesionales, principalmente en aquellas como la medicina, tecnologías de la información, ciencia, ingeniería o matemáticas.
La iniciativa presentada ante el Pleno del Congreso del Estado, prevé que será la Secretaría de Educación del Estado y en coordinación con las universidades públicas y privadas, la que se encargue que elaborar un tabulador general que regule el cobro del título profesional.