/ sábado 8 de junio de 2019

Que prescriban a los seis y no a los tres años delitos de servidores públicos 

Propone aumentar el término para la presentación de las denuncias y querellas

Saltillo, Coahuila. - Con una reforma al Código Penal se pretende elevar de tres a siete años, el término de prescripción de los delitos cometidos por servidores públicos y que el momento procesal empiece al momento que concluya la revisión de las cuentas públicas.

El diputado Juan Antonio García Villa explicó que para ello propuso modificar los artículos 175 y 176 del Código Penal, con el objetivo de combatir la corrupción y la impunidad, en los delitos cometidos por funcionarios públicos, en contra del patrimonio de la administración pública.

Explicó que la fiscalización se realiza con posterioridad a la presentación de la Cuenta Pública. De tal manera que la Auditoría Superior del Estado enfrenta obstáculos al momento de promover la acción penal en tiempo y de manera eficaz.

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Esto se debe a que, por la diversidad de operaciones llevadas a cabo durante las auditorias, la obtención y elaboración de los documentos necesarios para promover la acción penal se realizan después de que terminó el proceso de fiscalización y frecuentemente sucede que el término con el que se cuenta para ejercitar la acción penal es insuficiente.

El coordinador de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública expresó que la reforma planteada aplicaría para delitos que afectan el patrimonio de la hacienda pública.

En este caso, dijo, es preciso aumentar el periodo de preclusión y de prescripción a los delitos cometidos en contra de la administración pública. Por lo que se propone aumentar el término para la presentación de las denuncias y querellas.

“Ampliar el tiempo para la preclusión del derecho de formular querellas y la prescripción de los delitos, así como el momento a partir del cual se inicia a computar el plazo para ambas figuras jurídicas”, indicó.

Expresó que el objetivo de esta reforma es coadyuvar a que la administración de los recursos públicos en el Estado se realice con mejores criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, austeridad, transparencia y control, lo cual, por consecuencia, fortalecerá la rendición y revisión de cuentas.

Saltillo, Coahuila. - Con una reforma al Código Penal se pretende elevar de tres a siete años, el término de prescripción de los delitos cometidos por servidores públicos y que el momento procesal empiece al momento que concluya la revisión de las cuentas públicas.

El diputado Juan Antonio García Villa explicó que para ello propuso modificar los artículos 175 y 176 del Código Penal, con el objetivo de combatir la corrupción y la impunidad, en los delitos cometidos por funcionarios públicos, en contra del patrimonio de la administración pública.

Explicó que la fiscalización se realiza con posterioridad a la presentación de la Cuenta Pública. De tal manera que la Auditoría Superior del Estado enfrenta obstáculos al momento de promover la acción penal en tiempo y de manera eficaz.

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Esto se debe a que, por la diversidad de operaciones llevadas a cabo durante las auditorias, la obtención y elaboración de los documentos necesarios para promover la acción penal se realizan después de que terminó el proceso de fiscalización y frecuentemente sucede que el término con el que se cuenta para ejercitar la acción penal es insuficiente.

El coordinador de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública expresó que la reforma planteada aplicaría para delitos que afectan el patrimonio de la hacienda pública.

En este caso, dijo, es preciso aumentar el periodo de preclusión y de prescripción a los delitos cometidos en contra de la administración pública. Por lo que se propone aumentar el término para la presentación de las denuncias y querellas.

“Ampliar el tiempo para la preclusión del derecho de formular querellas y la prescripción de los delitos, así como el momento a partir del cual se inicia a computar el plazo para ambas figuras jurídicas”, indicó.

Expresó que el objetivo de esta reforma es coadyuvar a que la administración de los recursos públicos en el Estado se realice con mejores criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, austeridad, transparencia y control, lo cual, por consecuencia, fortalecerá la rendición y revisión de cuentas.

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