Ciudad de México. - Al concluir la sesión solemne del Senado de la República esta mañana, el Senador Luis Fernando Salazar, representante de Coahuila, fue abordado por medios de comunicación para comentar sobre la votación realizada la noche anterior respecto a la reforma en materia empresas estratégicas del Estado. Dicha reforma devolverá al Estado mexicano el control de recursos estratégicos para el país, en la cual el senador fijó un posicionamiento.
“Esta reforma fortalece al Estado en áreas cruciales como la electricidad, el litio y el acceso a internet, estableciendo un marco jurídico que prioriza el interés público por encima del lucro privado. Al modificar los artículos 25, 27 y 28 de nuestra Constitución, buscamos corregir el rumbo, devolviendo al Estado el control estratégico y asegurando servicios justos, accesibles y sostenibles para todas y todos los mexicanos”, puntualizó Luis Fernando Salazar.
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El legislador coahuilense señaló que, como resultado de las reformas aprobadas durante la gestión del expresidente Enrique Peña Nieto, las tarifas de luz, gas y gasolina aumentaron un 58%, mientras que el poder adquisitivo de las y los mexicanos disminuyó un 11%. Asimismo, la producción de gasolina y crudo cayó a mínimos históricos, el procesamiento de crudo se redujo a la mitad y la deuda de Pemex se incrementó en un 146%.
“Las empresas públicas se vieron obligadas a competir en las mismas condiciones que las privadas, siguiendo normas comerciales en lugar de operar bajo un enfoque de servicio público. Además, se establecieron contratos de autoabastecimiento que disfrazaron acuerdos entre generadores y compradores, utilizando las redes de transmisión sin pagar lo justo, lo que deterioró la infraestructura y provocó problemas técnicos en el Sistema Eléctrico Nacional”, acusó Salazar.
El Senador afirmó que la transición de Pemex y CFE de "empresas productivas del Estado" a "empresas públicas del Estado" no es solo un cambio de nombre, sino una transformación profunda en su visión y misión. Con este cambio, estas entidades se enfocarán en servir a la nación, priorizando el bienestar social y el desarrollo equitativo. “Esto no significa que dejarán de ser eficientes o competitivas, sino que su principal objetivo será, ante todo, servir a los intereses del pueblo mexicano”, concluyó.