Saltillo. Coahuila. - La Diputación Permanente del Congreso del Estado, acordó pedir resultados a la Fiscalía General y a la Fiscalía Anticorrupción sobre las 250 denuncias presentadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE), desde el año 2013 a la fecha, pues ninguna se ha concluido.
El punto de acuerdo, promovido por el diputado Gerardo Aguado Gómez, fue aprobado en forma unánime y también se pide que las dos fiscalías emiten al Congreso del Estado, un informe detallado sobre las causas por las que no han dado resolución definitiva a esas denuncias, especialmente las que llevan más de dos años en proceso.
También se pide que informen sobre el estatus de cada una de estas carpetas de investigación.
Correspondió a la diputada María Eugenia Cázares Martínez dar lectura a esa propuesta, en la que se cuestionó el papel del fiscal anticorrupción, Homeros Flores Mier, al no concluir esas investigaciones y por el contrario, “se ha dedicado a cambiar su discurso y afirmaciones sobre las empresas fantasma denunciadas en 2016, hasta el hecho de que de los procesos que lleva en su fiscalía sean opacos, lentos y sin que los ciudadanos puedan conocer nada al respecto”.
Desde esa fecha, la ASE promovió denuncias en contra de 13 proveedores, por irregularidades en la contratación y pagos, a través de empresas fantasma.
Hizo alusión a la reciente presentación del Informe Anual de Resultados 2017, en el que el auditor Superior del Estado, Armando Plata Sandoval, reveló que desde el 2013 al 2016 se presentaron 250 denuncias, por diversas irregularidades detectadas en la revisión de las cuentas públicas.
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Sin embargo, a la fecha no hay avance y mucho menos sanciones, pero tampoco información de la Fiscalía General y de la Anticorrupción sobre el estatus de esas denuncias.
“Esta situación es reiterada y conocida por todos nosotros como legisladores; y nos referimos al hecho de que todas las denuncias que se refieren a actos de corrupción, siempre, en todos los casos y sin excepción alguna, son “congeladas” por las autoridades de procuración de justicia de nuestra entidad.
“Incluso, el Auditor Superior del Estado se queda corto, pues debemos recordar que las denuncias por la mega deuda siguen sin ser resueltas a prácticamente siete años de que se documentaron los hechos y se presentaron las primeras de manera formal. Siete años y nada. Solo silencio, opacidad y quizá hasta complicidad”, expuso.
