El estudio Hallazgos Coahuila – una evaluación al sistema de justicia penal de México Evalúa– muestra que el Índice de Impunidad Estatal (IIE) en 2020 fue de 88.1%: casi siete puntos porcentuales por debajo del promedio nacional, y en la misma proporción respecto a 2019. Esto muestra un incremento en la efectividad del sistema de justicia penal a nivel local para la resolución de casos, ya sea a través de sentencias, acuerdos reparatorios, u otras salidas alternas y anticipadas.
Este estudio fue presentado durante el Segundo Diálogo sobre Seguridad y Justicia en Coahuila, un ejercicio en el que participaron autoridades estatales y representantes de la sociedad civil para dar seguimiento a los compromisos hechos por el gobierno en 2020, y para generar nuevos avances.
“La finalidad del sistema de justicia penal en un Estado democrático de derecho es garantizar el esclarecimiento de los hechos, la identificación de los responsables y la reparación del daño a las víctimas, así como procurar evitar la comisión de nuevos delitos. Para ello, es necesario que cada institución del sistema de justicia penal cumpla de manera eficiente con las funciones que le fueron encomendadas. Desde México Evalúa confiamos en que esta evaluación con enfoque local pueda contribuir a la mejora sustantiva de la operación de la justicia”, dijo Edna Jaime, directora general de México Evalúa.
Si bien estos resultados son positivos, la operación del sistema de justicia enfrenta retos importantes, como la desconfianza ciudadana. El Índice de Confianza hacia las autoridades del sistema de justicia penal en Coahuila es del 0.8. Dentro del estado, es la Policía Federal la institución que tiene con mayor confianza (14), seguida por la Fiscalía General de la República con (13.9). En contraste la Policía Estatal es la institución que presenta menos confianza (-4).
Narcomenudeo, de los delitos de mayor incidencia
El estudio presenta también una descripción del estado de la seguridad pública y del desempeño y saturación del sistema de justicia. De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante 2020 en Coahuila se registraron 48,461 delitos del fuero común. Uno de los delitos de mayor incidencia en el estado durante los últimos cuatro años es el narcomenudeo, que se incrementó en 17% respecto al año previo.
“En Coahuila, durante 2020, cada fiscal inició, en promedio, 122 investigaciones; cada defensor público representó a 109 personas imputadas; y cada asesor victimal atendió a 144 personas. La carga de trabajo excesiva en los operadores del sistema de justicia puede mermar los resultados del sistema de justicia penal”, comentó Enrique Bouchot, investigador del programa de justicia de México Evalúa.
Hallazgos Coahuila destaca también que la mayoría de las instituciones que operan el sistema de justicia penal en el estado cuentan con un despliegue estructural por regiones, con lo que se logra atender de mejor manera los retos que implica la geografía local y garantizar la coordinación y atención de todos los operadores procesales. Asimismo, la mayoría de las instituciones cuentan con un Servicio Profesional de Carrera funcionando y, en los casos en los que no es así, se encuentra regulado y con sustento normativo.
Fiscalía y Defensoría no bajan esfuerzos
Por otra parte, México Evalúa advierte grandes esfuerzos por parte de la Fiscalía y la Defensoría en lo que toca a las estructuras organizacionales y modelos de gestión a través del desarrollo de manuales de organización, procedimientos, lineamientos, protocolos e indicadores de seguimiento. En Coahuila están dadas las condiciones para transitar efectivamente hacia una persecución penal estratégica en la cual se prioricen los fenómenos criminales y se atiendan los principales reclamos de la ciudadanía.
Durante la presentación de este documento, autoridades estatales y representantes de sociedad civil se comprometieron a realizar las siguientes acciones a favor de la seguridad y la justicia en la entidad:
La Secretaría General de Gobierno continuará con la publicación de indicadores sobre el acompañamiento de las mujeres víctimas que reciben atención integral a través de los Centros de Empoderamiento de las Mujeres.
En marzo de 2022 la Secretaría de Seguridad Pública tendrá el 100% del Certificado Único Policial de la Policía del Estado; instalará la Universidad de Ciencias de la seguridad; convocará una mesa de trabajo con sociedad civil para el diseño de políticas públicas de seguridad; generará inteligencia social en coordinación con la sociedad civil.
La Fiscalía General del Estado trabajará con la sociedad civil en el diseño del Plan de Persecución Penal para el próximo año, así como mecanismos de atención integral al narcomenudeo.
El Poder Judicial publicará las tesis jurisprudenciales de cada sala e informará de los avances para la regulación de la incorporación de los amicus curiae.
En el evento, que se realiza por segundo año consecutivo, participaron Fernando de las Fuentes, secretario general de Gobierno; Juan Carlos López Reynoso, subsecretario de Normatividad y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública; Jorge Rodriguez Lopez, fiscal ministerial, y Miguel Mery, presidente del Tribunal Superior de Justicia. También estuvieron presentes Rosa María Salazar, Marco Zamarripa, Grace Fernández y José Luis Valdez por parte de la sociedad civil y academia local. El evento fue presidido por Edna Jaime, directora general de México Evalúa y Siegfried Herzog, director regional para América Latina de la Fundación Friedrich Naumann.rementó 17% en 2020, respecto a 2019. Éste es el delito con mayor incidencia en la entidad.