Familiares de las víctimas de la trágica explosión en la Mina 8 de la Unidad Pasta de Conchos exigen, a 15 años del evento, que se avancen en las acciones orientadas al rescate de los cuerpos de los mineros que permanecen sepultados en el lugar de los hechos.
Fue la madrugada del 19 de febrero de 2006, cuando alrededor de 73 trabajadores del tercer turno laboraban, que se registró un estallido que terminó con la vida de 65 de los mineros, cuyos restos, salvo los de dos que pudieron ser recuperados, continúan atrapados tras la decisión de Grupo México de suspender el rescate argumentando que se ponía en riesgo la vida de los rescatistas.
Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las y los deudos compartieron lo desgastante que ha sido la espera del inicio, o más bien reinicio, de los trabajos en campo, pues han transcurrido ya una década y un lustro del fatídico día, 10 años del arranque del litigio interamericano derivado de la falta de respuestas y la negligencia de las autoridades nacionales.
Sin embargo, el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se comprometió a trabajar en la reparación integral del trágico suceso, para lo que instaló el Comité para la Reparación y la Justicia en Pasta de Conchos hace poco más de año y medio, el cual está encabezado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), que desarrolló hace ya 17 meses un estudio encabezado por expertos que determinaron que la recuperación de los cadáveres era viable en la teoría como en la práctica.
Dicha investigación levantó de nueva cuenta las sospechas de familias y organizaciones de que Grupo México decidió frenar los trabajos de rescate, ya que estos evidenciarían las pésimas condiciones de trabajo en la mina, lo que derivaría en sanciones económicas, del retiro de concesiones, así como hasta cárcel para algunos implicados.
Como evidencia de ello se hallan los reportes de fallas de seguridad que datan desde el año 2000 y una última inspección que se llevó a cabo el 12 de julio de 2004, cuando se asentaron 43 violaciones directas a las normas de seguridad e higiene y se ordenó tomar 48 medidas, algunas de ellas de extrema urgencia. De estas, las autoridades nunca supervisaron que se subsanaran, de tal forma que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social toleró que la mina, propiedad de Grupo México, funcionara en condiciones que no garantizaban la vida de los trabajadores, de acuerdo a la Recomendación 26/2006.
Es por ello que parientes de los obreros que perdieron la vida en el aquel evento del 2006 no renuncian a la realización de una investigación que asigne responsabilidades asociadas a la explosión, pues aseguran que, “bajo un esquema de adecuada supervisión, pudo haberse evitado”.
Asimismo, solicitan la adopción de medidas de previsión social y seguridad en el trabajo de tal manera que no se repitan accidentes similares en minas de carbón, pues indican que incluso la Comisión Federal de Electricidad (CFE), continúa comprando carbón sin cumplir con la legalidad y seguridad en la región.
VOLUNTAD EXISTE, TRABAJOS NO
No fue sino hasta el 24 de octubre del año pasado que AMLO acudió al sitio en el que sucedió la explosión y firmó, con la presencia de algunos familiares, el acta de intención de su gobierno titulada “Hacia la reparación integral de la mina de Pasta de Conchos”, que tiene como fin la indemnización, el mejoramiento urbano de las comunidades populares aledañas, la construcción de un memorial y el rescate de los 63 cuerpos que continúan enterrados.
Si bien las y los deudos estuvieron de acuerdo con los alcances del acta, subrayaron ante la CIDH que la recuperación de los cuerpos ha sido en todo momento la prioridad, postura que mantienen en el proceso de litigio de la mayoría de las familias que han sido acompañadas por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh) y la Organización Familia Pasta de Conchos.
Este caso fue admitido por la CIDH en 2018 y sigue, pese a la voluntad del Gobierno federal de llegar a una solución amistosa, sobre todo considerando que no se ha materializado el inicio del rescate y no se ha tenido del todo un trato respetuoso a las familias, que se han visto en ocasiones excluidas de reuniones ante el Comité para la Reparación y la Justicia en Pasta de Conchos y el propio titular del Ejecutivo federal, AMLO, esto argumentando que no son viudas de un minero, pero la legislación nacional como la internacional, no limitan este carácter de víctimas únicamente a las cónyuges.
De hecho, el día de la firma del acta en Nueva Rosita, parientes y personas allegadas a las víctimas se manifestaron exigiendo poder ingresar a la reunión que sostuvo el presidente, pero ello fue en vano.
A pesar de ello, insisten que ellos continúan exigiendo la recuperación de los mineros, pues nada más podrá reparar el daño. Esto, de acuerdo con la CFE, empresa paraestatal encargada de las labores de rescate, puede tardar hasta ocho años, lo que desde la perspectiva de las y los deudos será así, pues las labores siguen sin materializarse.
