La diputada Sonia Catalina Mercado Gallegos consideró necesario sistematizar con mayor precisión el procedimiento relativo a los análisis de impacto presupuestario, necesarios en el estudio y proceso de elaboración y aprobación de aquellos dictámenes de modificaciones legislativas, que implican consecuencias en el balance presupuestario gubernamental y de esta manera agilizar el trabajo parlamentario.

Ampliación de Motivos

Actualmente el artículo 184 de la Ley Orgánica interna del Poder Legislativo local determina que, al dictamen, según su naturaleza, deberá acompañarse el análisis de impacto presupuestario que necesariamente deba elaborarse por la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado, la cual deberá remitir dicha opinión a la Comisión Dictaminadora en un plazo que no exceda de treinta días naturales.

En tal razón, nuestra iniciativa busca determinar que el Centro de Investigaciones y Estudios Legislativos pre-evaluará si derivado de la naturaleza de las iniciativas se hace necesario el análisis de impacto presupuestario o no.

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30 Días naturales para recepción de análisis presupuestarios

Lo cual se notificará dicha pre-evaluación a los presidentes de las Comisiones respectivas dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que el Centro de Investigaciones reciba la copia de las iniciativas; ello a fin de agilizar el trámite respectivo, con el fin de concretar avances legislativos de este Congreso en beneficio de Durango.

En caso de que la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado no remita el análisis en el plazo de treinta días naturales previsto en el presente artículo, el Centro de Investigaciones y Estudios Legislativos emitirá la opinión correspondiente.

Como está actualmente la ley, el plazo máximo de 30 días naturales para la recepción de los análisis presupuestarios, implican un transcurso de tiempo que puede resultar en perjuicio del avance legislativo, y en términos concretos, del beneficio común, y del cumplimiento de principios de legalidad, constitucionalidad o convencionalidad, perseguidos en las diversas iniciativas que todos los integrantes de esta legislatura proponemos.