Los diputados federales que no acataron la suspensión definitiva emitida por un juez federal contra la discusión y la aprobación de la reforma judicial deben ser sancionados con su cese como legisladores, y después consignados inmediatamente a las autoridades. Así lo subrayó el magistrado Benito García Zamudio, quien estuvo en Saltillo para impartir una plática a los integrantes del Colegio de Notarios de Coahuila.
El diálogo se denominó “Aspectos destacados del Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Reforma al Poder Judicial de la Federación”. El magistrado del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito Auxiliar de la Décima Región abundó que, ante dicha omisión por parte de los legisladores, quienes discutieron y aprobaron en lo general la reforma al Poder Judicial, se prevé que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga el asunto y emita un pronunciamiento sobre este desacato
Acompañando a García Zamudio en el encuentro con los notarios, participaron el magistrado del Primer Tribunal de Circuito Auxiliar de la Décima Región, David Macario González Quiroz, y René de Hoyos Martínez, secretario del Tribunal Colegiado Adscrito al Primer Tribunal Colegiado Auxiliar.
En su exposición, mencionaron que dentro de la iniciativa que supuestamente pretende el fortalecimiento del Poder Judicial, en realidad no existe ninguna disposición que busque modificar la forma de administrar justicia. Lo único que pretende es cambiar la forma de designación de los titulares de los órganos jurisdiccionales. Además, manifestaron que la elección por voto popular no garantiza que las decisiones de los jueces sean mejores o respondan a un sentido de justicia.
A la vez, indicaron que es preocupante que la designación de los juzgadores sea a propuesta del presidente de la República y del Congreso de la Unión, lo que lesiona gravemente la autonomía del Poder Judicial. “Un problema es que para ser elegido necesariamente habrá que tener el apoyo del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, lo que implica que el titular deberá tener acercamiento con esos sectores políticos.
“Tan solo esta característica hará difícil la resolución imparcial de los asuntos en los que se vean involucrados los intereses de un partido, un sector económico y jurídico, e incluso de la delincuencia organizada”, señaló el magistrado García Zamudio.
“Para nosotros es una preocupación que esta reforma prospere porque terminaría con la independencia judicial. Mucho se nos ha atacado por defender nuestros privilegios, pero lo cierto es que en este movimiento que hemos emprendido desde el 21 de agosto no estamos defendiendo esos temas desde una posición de privilegio. Lo que buscamos es defender la independencia judicial”, agregó.
