Ciudad de México.- En las instalaciones del Congreso de la Unión, se dieron cita representantes de los diferentes Tribunales Estatales de la República, y a nombre de Coahuila asistió el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Felipe Mery Ayup, para dialogar con la Comisión de Presupuesto Y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a quienes de manera formal les solicitaron la asignación de los recursos necesarios para la implementación de todas y cada una de las modificaciones que se han hecho al Código Nacional de Procedimientos Penales, Civiles y Familiares, los cuales se cuantifican en miles de millones de pesos, para todas las entidades federativas, señaló.
“Para todas estas reformas es necesaria la asignación de recursos específicos, que se cuantificaran y requerirán por medio del Presidente del CONATRIB, Rafael Guerra Álvarez, además, como lo ha hecho desde hace dos años, cuando se planteó la creación de un Fondo Nacional de Apoyo a la Administración de Justicia Local para fortalecer a una justicia cercana a la población, así mismo, reafirmo, a las Diputadas y los Diputados, el compromiso de todos los Tribunales de Justicia Local por implementar la reforma y que para ello se debe contar con las capacidades económicas, institucionales y materiales correspondientes a la altísima relevancia que tiene para las y los mexicanos la funcionalidad de los Poderes Judiciales Locales, estamos hablando de millones de pesos por cada entidad federativa”, recalcó Mery Ayup.
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El Magistrado Presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, en su participación señaló que es de gran importancia, sobre todo para las y los mexicanos que acuden diariamente a los diferentes órganos jurisdiccionales presentes, la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, siendo así un gran avance en la oralidad y la impartición de justicia en México sobre estas materias, dando cumplimiento a Constitución en cuanto a brindar una justicia pronta y expedita.
Además, puso en contexto la realidad que viven los diferentes poderes judiciales de los 32 estados de la República Mexicana en la implementación de este Código, destacando que en todos se atienden a más de 3 millones de asuntos por año, tres veces más que el Poder Judicial de la Federación, esto se realiza con un presupuesto que no alcanza la mitad de los recursos que recibe el Órgano Judicial Federal, siendo que la gran relevancia de estos tribunales locales es su cercanía directa las problemáticas de la ciudadanía mexicana.
En su mensaje, también menciono que se puede encontrar un precedente al alcance de esta reforma, el cual fue la implementación del Sistema Penal Acusatorio y Oral de 2008 y que recibió una inversión de más de 4 mil millones de pesos de recursos federales entre 2010 y 2016, tomando en cuenta esto, se puede dimensionar el impacto social de la justicia civil y familiar la cual en 2021, en todos los juzgados de fuero local, se atendieron a más de un millón y medio de demandas, mientras que los juzgados penales recibieron poco más de 200 mil asuntos, llevándonos a que el 70 por ciento de los conflictos, que resuelven los ciudadanos en tribunales, son civiles y familiares, mientras el ámbito penal representa apenas el 10%, siendo el 20 por ciento restante de materia mercantil para sumar un total de 2 millones 130 mil 863 demandas
La Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), presidida por el Magistrado Rafael Guerra, convocó esta mañana a todos los titulares de los poderes judiciales de todo el país, para asistir a la Cámara de Diputados y buscar que se asignen los recursos necesarios para la implementación de la reforma en la materia Civil y Familiar, la cual en el artículo 6º transitorio señala que los Poderes Judiciales Locales ya cuentan con los juzgados para su implementación y sugiere solo un reacomodo en las materias mencionadas.
