A casi una semana de haberse emitido la convocatoria para la designación de fiscal general del Estado, después del término del periodo de Gerardo Márquez Guevara, el Congreso del Estado no ha recibido ni una sola solicitud de registro para participar en este proceso del titular de dichas dependencias por los próximos siete años.

Lo anterior lo dio a conocer la diputada Guadalupe Oyervides Valdés, Coordinadora de la Comisión de Gobernación, quien detalló que no se ha recibido en la Oficialía Mayor del Poder Legislativo ninguna propuesta para Fiscal del Estado.

Comentó que, de acuerdo a la convocatoria, el cierre para los registros de quienes aspiren al cargo vence este 2 de noviembre a las 14:00 horas, pero que aún tienen el miércoles, jueves y viernes, de las 9:00 a las 18:00 horas y el medio día de sábado para entregar su documentación.

La legisladora, destacó que espera que se reciban un poco más de los 10 aspirantes que se requieren como mínimo para validar la convocatoria, pero que la gran mayoría lo hace las 24 horas antes del cierre de registros.

Reiteró que la convocatoria está abierta a todas las universidades públicas y privadas, institutos de investigación, asociaciones civiles, organizaciones No Gubernamentales, demás organismos interesados y a la ciudadanía en general.

Explicó que aparte de todos los documentos y requisitos que por ley se les está pidiendo a los aspirantes, se les solicita un ensayo con un máximo de 10 cuartillas letra tipo Arial tamaño 12, con interlineado sencillo, que incluya 2 apartados, conteniendo: a) los puntos más importantes en que basaría su proyecto de trabajo, y, b) las razones que justifiquen su idoneidad para ocupar el cargo.

En la convocatoria se manifiesta que los aspirantes deben tener cumplidos los 35 años de edad y contar con título de licenciado en derecho y contar con una antigüedad mínima de 10 años en el ejercicio de la profesión.

Asimismo, es requisito gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso, no estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público.