Saltillo, Coahuila.- La propuesta sobre una nueva Ley de Prevención del Suicidio busca disminuir la incidencia de estos casos, que tan sólo en los primeros nueve meses del año registró un incremento del 65 por ciento, con relación al mismo período del 2017.
La iniciativa planteada por el diputado Benito Ramírez Rosas busca atender este fenómeno en Coahuila, porque debido al alto número de suicidios se coloca como uno de los tres primeros problemas de salud pública en la entidad.
La propuesta que está en la Comisión de Salud, tiene el objetivo de generar acciones preventivas y tratamiento adecuado a las víctimas potenciales de esta práctica, a sus familias y a los deudos de quienes perecieron por suicidio.
Este año, hasta el 7 de octubre iban 193 muertes por suicidio, de acuerdo a cifras de la Fiscalía General del Estado, mientras que en el 2017 solo hubo 108.
De esta cifra, en la región Sureste, principalmente en Saltillo, 70 personas se quitaron la vida; en La Laguna 54; en la Centro 24; en la Carbonífera 10, y en la Norte 35.
El legislador sostuvo que es posible prevenir el suicidio y por ello su interés en promover esta ley, la cual fue enriquecida con la participación de especialistas en varios foros de consulta.
En la estrategia está contemplado convocar a los medios de comunicación a sumarse a este esfuerzo, procurando la publicación responsable de noticias relacionadas con suicidios, en atención a los protocolos que existen para tal propósito.
Además, se plantea una capacitación permanente, con personal de la Secretaría de Salud, a maestros, para la detección, abordaje y canalización de alumnos propensos al suicidio.
Se propone la participación de padres de familia, a fin de que propongan medidas de solución y asistan a cursos, pláticas y conferencias sobre la prevención de esta práctica entre los alumnos de educación básica.
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Por la Secretaría de Salud se tendrá la participación del Centro Estatal de Salud Mental y el centro psiquiátrico de Parras, para atender de manera inmediata e integral a los familiares de personas con tendencias suicidas o que fallen en su intento de quitarse la vida.
Incluye medidas legales para restringir el uso de tecnología entre niños y adolescentes, ante el riesgo latente de que, a través de la televisión, Internet y redes sociales, pudieran recibir información o mensajes que fomenten el desprecio por la vida.
También que influyan negativamente en su salud mental, trastoquen sus emociones, destruyan sus valores y los motiven incluso a atentar contra sus propias vidas.
Se propone que las entidades públicas o privadas, incluidas la Iglesia, las empresas y los sindicatos, refuercen el trabajo en sus respectivas áreas de oportunidad.
Desde el hogar también es fundamental la estrategia de prevención, mediante el fomento de valores y la unidad, a fin de revertir el número de familias disfuncionales que tiende a crecer.
Los diagnósticos más comunes entre la población con enfermedades mentales son, en orden de importancia: depresión, ansiedad, adicciones, trastorno por déficit de atención, autismo y desórdenes alimenticios, entre otras causas asociadas.
A esto se agrega que tres de cada 10 fallecidos por lesiones auto infligidas, que significan 30.6 por ciento, estaban desempleados.
