Torreón, Coahuila. - En respuesta a una petición específica que para pedir su intervención le hizo por escrito el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), el alcalde Jorge Zermeño Infante exigió públicamente a las cadenas comerciales propietarias de los supermercados que operan en la localidad, dejar de aplicar medidas que atentan en contra de los derechos humanos, como ocurre precisamente al evitar que ingresen a sus locales, a donde llegan con la intención de abastecerse de productos de primera necesidad, adultos mayores, mujeres embarazadas y discapacitados.
Sus planteamientos al respecto los compartió el munícipe primero dentro del marco de la reunión del Subcomité Técnico Regional Covid-19 Laguna celebrada este jueves, donde encontró el respaldo de los asistentes al respeto, y después durante una entrevista en la que dijo, de inmediato hará llegar su petición formal y específica a los establecimientos del ramo.
“Nos están exhortando para que las tiendas de autoservicio y comercios en general no discriminen a las mujeres embarazadas, discapacitados y personas de la tercera edad a las que no se les permiten la entrada”, comentó Zermeño, al dejar en claro que ese tipo de prácticas que son cuestionadas no se derivan de disposiciones establecidas por las autoridades sino instrumentadas por decisión y a criterio de los comercios.
En su opinión, ni siquiera es válido que se pretenda que quienes forman parte de dichos sectores vulnerables de la población se les permita acudir a los supermercados sólo en horarios específicos, ni tampoco que se evite la entrada a adultos acompañados por menores de edad, en el entendido de que mientras tanto no se deben relajar las estrategias orientadas a llamar a la población en general a poner en práctica todas las medidas necesarias y posibles de prevención para el cuidado de la salud propia y de los demás, ante la amenaza del Covid-19.
Jorge Zermeño dijo coincidir con la postura que ha asumido la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, en el sentido de que en México no vivimos actualmente un estado de excepción, así que “tenemos que ser muy cuidadosos de ese respeto, entiendo que la prioridad que en este momento es preservar la salud, pero no a costa de violentar derechos humanos”.
Por lo que respecta a la carta que le envió la presidenta de CONAPRED, dependiente de la Segob, Mónica Maccise Duayhe, el documento hace alusión a que ante la actual contingencia sanitaria, sucursales de diversas cadenas comerciales de supermercados, con un ánimo de atender las medidas de prevención y de sana distancia recomendadas por el Gobierno han aplicado las citadas restricciones, y advierte que si bien es claro que eso tiene como propósito proteger a su personal y clientela a favor de su salud “tienen como efecto configurar hechos de discriminación al constituir barreras de acceso a personas o grupos de personas a alimentos, productos higiénicos, medicamentos y otros bienes de primera necesidad en la coyuntura en la que nos encontramos, afectando sus derechos humanos a la alimentación, salud y vida digna”.
Se plantea incluso que ese tipo de medidas se prestan a criterios subjetivos o arbitrarios de quien las aplica o constituyen una carga adicional para algunas y algunos clientes, por ejemplo, en función de su edad y apariencia física, por lo que exhorta a las autoridades municipales su intervención para evitarlas.
