Torreón, Coahuila.- Luego de que las autoridades competentes decidieron suspender el permiso que se había extendido a DiDi para que pudiera operar con sus servicios de movilidad en todo Coahuila, y con el antecedente de que se han llegado a detectar casos de falsificación de documentos entre conductores y vehículos de prácticamente todas las aplicaciones de transporte con presencia en Torreón, el alcalde Román Alberto Cepeda González advirtió que en lo sucesivo habrán de fortalecerse las acciones de inspección y control a favor de la seguridad del público usuario.

Se refirió primero a la revocación del registro estatal de funcionamiento de DiDi, determinada porque los conductores adheridos a su plataforma prestaban servicio de transporte sin contar con la documentación y autorización correspondiente, y comentó que a fin de que tal disposición se cumpla las autoridades municipales habrán de hacer lo que por ley les corresponda.

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Destacó que en materia de transporte público es prioritario garantizar condiciones de seguridad y certeza para los ciudadanos.

“Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que todos los que presten un servicio de transporte vayan ligados estrictamente a la seguridad, a que no se falsifique la documentación ni de los choferes ni de las unidades de cualquier aplicación como se llame, y del color que sea”, puntualizó.

Dijo también que, tratándose de transporte, para el gobierno municipal es muy importante que se dé un servicio equitativo, justo, digno para la ciudadanía y para todos quienes lo utilizan, pero sobre todo que sea seguro.

Cepeda González considera sumamente lamentable que prácticamente en todas las plataformas de transporte por aplicación se hayan detectado irregularidades relacionadas con el uso de documentos falsificados, y en ese sentido hizo un llamado a los prestadores de este tipo de servicios a que se pongan en orden.

Hizo saber que ya giró instrucciones a la Dirección de Autotransporte e incluso a la Policía Municipal a fin de que actúen con mayor puntualidad cuando se trate de poner orden o de sancionar a quienes como prestadores de un servicio público incurran en irregularidades que impidan garantizar la seguridad que merecen los usuarios.