Luego de que durante los primeros meses del año se registró un notable incremento en la incidencia de reuniones sociales con la asistencia de menores de edad involucrados en el consumo de bebidas alcohólicas, durante las últimas semanas no se han vuelto a constatar a nivel local la realización de este tipo de eventos, aun y cuando las autoridades se mantienen atentas a posibles reportes ciudadanos al respecto, y de que el trabajo de inspección es continuo.
En ese sentido, el titular de la Dirección de Inspección y Verificación, Raúl Rodríguez García, reconoció que durante enero, febrero y marzo llegó a ser motivo de gran preocupación el hecho de que casi cada fin de semana el personal a su cargo tenía que intervenir para disolver fiestas en las que se constataban la participación de jovencitos en estado inconveniente o por lo menos con aliento alcohólico, además de encontrar claras evidencias de la presencia y de bebidas embriagantes.
La situación fue tal, dijo, que en ese lapso se contabilizaron un total de 15 eventos de este tipo, la mayoría con una muy nutrida asistencia de invitados, con afluencias que oscilaron entre los 80 y 250 personas, entre ellas muchos de ellos menores.
El funcionario reconoció que en relación con lo ocurrido el año pasado, en el inicio del 2024 fue muy notorio el crecimiento en la incidencia de este tipo de celebraciones irregulares y calificadas como clandestinas, y llama la atención el hecho de que esta situación recientemente se ha mantenido a la baja.
Recordó que el año pasado también hubo meses en los que se dejaron de detectar y reportar fiestas con menores en estado de ebriedad, y que posteriormente se dio un nuevo reporte en los meses de junio y julio, lo cual se espera no suceda en esta ocasión.
Hizo notar que en estos casos las sanciones a las que se hacen acreedores lo organizadores o los propietarios de las quintas, salones o domicilios particulares donde se celebran este tipo de actividades, pueden ser de por lo menos alrededor de los 35 mil pesos, a los que comúnmente se suman multas adicionales correspondientes a distintas violaciones a la reglamentación municipal que están clasificadas como faltas administrativas, todo lo cual parece estar incidiendo en la intención de las autoridades de inhibir tales celebraciones.
Comentó que, si bien la mayoría de las fiestas clandestinas con menores que se promueven mediante redes sociales y se realizan en locales de arrendamiento o domicilios particulares, también se han detectado, en lo que va del año, dos casos en los que las sedes se contrataron en la modalidad de Airbnb, lo cual no impidió que los propietarios también tuvieran que responder con la aplicación de las multas correspondientes.
Rodríguez García hizo notar que, sin excepción, siempre que se clausuran eventos con menores en estado inconveniente, siempre se notifica para su activa intervención a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), que se encarga de entregar los menores a sus padres luego de notificarles de manera puntual lo sucedido y pedirles que se comprometan a tomar las medidas pertinentes para evitar que reincidan.
