Torreón, Coahuila.- Al agradecer y reconocer como acertada la postura que asumió el pleno del Congreso del Estado al establecer un punto de acuerdo que instruye al gobierno municipal de Torreón a investigar presuntas irregularidades en la asignación de contratos que por 181 millones de pesos se han hecho a favor de la empresa Supervisión Técnica del Norte, S. A. de C. V., los ediles de la fracción priista del Cabildo consideraron como un a falta de respeto que la petición puntual en ese sentido lo haya comparado el alcalde como un simple llamado a misa.
Además, al hacer notar que dicha empresa ha proveído con base en los cuestionados contratos los equipos necesarios para la operación del Centro de Inteligencia Municipal (CIM), acusaron que el mismo nace desafortunadamente a partir de la corrupción.
En rueda de prensa, la síndica priista Dulce María Pereda Ezquerra y sus compañeros de fracción, los regidores José Antonio Gutiérrez Jardón, Isis Cepeda Villarreal y Alfredo Mafud Kaim, se refirieron también al acuerdo mayoritario que este jueves estableció el Cabildo para autorizar el reglamento de Video-vigilancia Urbana de Torreón al que se deberá sujetar la operación del equipo con el que el CIM cumplirá con su objetivo.
Sobre esto último, Cepeda Villarreal consideró que el reglamento fue creado ‘al vapor’ y como una copia incompleta de otro similar pero de Durango, y sin que se hubiera admitido integrar al comité correspondiente a representantes de los gobiernos Estatal y Federal, como tampoco de la Comisión de Derechos Humanos, por lo que “carece de fundamentos para brindar seguridad sin que se violenten los derechos relacionados con los datos personales y la vida privada, ya que es de alto riesgo para la sociedad ser video-grabada sin que exista certeza del uso y destino de las imágenes”.
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Respecto a la participación que ha tenido Supervisión Técnica del Norte para la habilitación del CIM, los priistas recordaron que a pesar de que el giro de esta empresa es el de arrendamiento de vehículos, que es con el que ofreció sus servicios en la anterior administración, en este caso proveyó las video-cámaras y otros equipos y materiales especializados a través de contratos considerados como irregulares, de ahí que se haya demandado la intervención del Congreso del Estado, desde donde se ha pedido ya al Gobierno Municipal que instruya a su órgano de control interno para que agote las investigaciones pertinentes para que, en caso de constatar las irregularidades, se sancione a los servidores públicos que resulten responsables.
De acuerdo con Pereda Ezquerra, resulta infantil y hasta soberbio que se señale que un punto de acuerdo del Congreso del Estado, que merece todo el respeto, sea algo parecido a un llamado a misa, cuando que en este caso definitivamente la petición se debe atender porque se trata de investigar el manejo que se ha dado a muchos millones de pesos que son parte de los recursos que pertenecen a los torreonenses.