Torreón, Coahuila. - Aun cuando se han detectado algunas situaciones que deben subsanarse, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) ha constatado que en términos generales funcionan en condiciones dignas las cárceles municipales de Saltillo y Saltillo, informó el presidente de la institución, Hugo Morales Valdés, al referirse al trabajo que se realiza actualmente dentro de un programa de visitas de supervisión que se harán extensivas a unidades de detención en toda la entidad.
Después de que el programa arrancó el lunes a la región sureste de Coahuila, este jueves se extendió a La Laguna, donde la unidad de detención a cargo del Tribunal de Justicia Municipal de Torreón fue la primera instalación en ser revisada, en un trabajo que continuará en lo sucesivo por todo el estado para concluir dentro de tres semanas, cando se tiene previsto emitir un informe específico con las conclusiones y observaciones.
Así lo dio a conocer Morales Valdés, quien hizo notar que uno de los aspectos que se revisan es el relacionado con condiciones de hacinamiento, las cuales afortunadamente no existen en las instalaciones visitadas hasta ahora, donde se evalúan también indicadores que tienen que ver con atención al público, condiciones operativas y áreas de detención.
Igualmente se pudo constatar en el caso de Torreón y en el de Saltillo, que se cumple de manera puntual con los protocolos sanitarios orientados a la prevención del Covid-19, como son el uso de cubrebocas y gel antibacterial, toma de temperatura y sana distancia, entre otras cosas. También se constató que se cumple con la necesidad de brindar alimentación a los detenidos.
Respecto a lo que de manera preliminar se ha encontrado como deficiencias que serán consideradas dentro del informe final en espera de que puedan corregirse, se dijo que ha llamado la atención que no todas las celdas o espacios de detención cuentan con servicios sanitarios.
También, en su momento se hará notar la necesidad de que en las cárceles municipales revisadas se cuente con al menos una o más personas que puedan garantizar una vigilancia permanente de las personas que son recluidas, para evitar que eventualmente puedan hacerse daño, sobre todo si previamente han consumido bebidas alcohólicas o alguna otra sustancia.
