Torreón, Coahuila.- El Director General del Consejo Cívico de las Instituciones, Marco Antonio Zamarripa González externó que derivado del seguimiento anual al sistema de justicia penal, presentaron hallazgos desde lo local, con una evaluación específica de Coahuila, en el marco de un diálogo entre sociedad civil y autoridades de justicia y seguridad de la entidad.
Representantes de la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía General y Poder Judicial de la entidad se comprometieron a mejorar indicadores que encaminan a reducir la impunidad y mejorar la procuración e impartición de justicia. Coahuila ocupa el sexto lugar nacional en la consolidación del sistema de justicia penal.
Nuestra evaluación anual de la operación del sistema de justicia penal estrena enfoque #DesdeLoLocal. El primer paso fue Nuevo León, ahora toca el turno a Coahuila. Los datos en la entidad demuestran que, pese a los esfuerzos y avances en la consolidación del sistema de justicia, no se observan avances significativos y se tendrán que realizar acciones estratégicas para mejorar las condiciones y capacidades institucionales en la entidad.
La evidencia que sustenta tal apreciación se puso sobre la mesa en el primer Diálogo sobre Justicia Penal en Coahuila, organizado por México Evalúa con el auspicio de USAID y la Fundación Friedrich Naumann, y el apoyo del Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila A.C., el Consejo Cívico de Instituciones de la Laguna, y la Fundación Luz y Esperanza.
El encuentro contó con la participación de relevantes autoridades estatales —los titulares de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Seguridad Pública, del Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General de Coahuila—, quienes dialogaron con representantes de organizaciones de la sociedad civil sobre retos, logros, carencia y perspectivas en torno a la impartición y procuración de justicia, seguridad pública y penales así como la atención a víctimas, particularmente a las mujeres.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), que elabora el Inegi, el problema más fuerte para los coahuilenses en 2019 fue la inseguridad. De 2016 a 2019, la incidencia de violencia familiar ha aumentado en 55%, el narcomenudeo en 245%, y las amenazas en 46%.No obstante, Coahuila ocupa la sexta posición en el grado de consolidación del sistema de justicia penal, mientras que en el Índice de Confianza Ciudadana mostró una mejora con respecto a 2018 al pasar de -4.8% a -0.9% en 2019.
“Es muy importante seguir con el esfuerzo de construir capacidades de Estado, y para lograrlo el binomio innovación y participación ciudadana es clave. Iniciativas como el modelo de proximidad y los comités vecinales son una muy buena noticia para la mejora de la seguridad y la justicia en Coahuila y en el país”, dijo Edna Jaime, directora general de México Evalúa.
“En 2019, para las más de 52 mil denuncias, se abrieron 35,475 carpetas de investigación sin detenido. Este dato es bueno, pues nos habla de una mejor calidad en la investigación criminal”, subrayó Mara Gómez, coordinadora del programa de Justicia en México Evalúa.
Tras el diálogo entre representantes de sociedad civil y funcionarios de la entidad, llegamos a los siguientes compromisos:
José María Frausto, secretario de Gobierno de Coahuila
1. Establecer y dar seguimiento a indicadores de desempeño de los Centros de Empoderamiento y Justicia para las Mujeres.
2. Incrementar 15 asesores más para el próximo año en la Comisión de Atención a Víctimas.
Sonia Villareal Pérez, secretaria de Seguridad Pública de Coahuila
1. Completar el Certificado Único Policial (CUP) al 100% (marzo 2021).
2. Graduar 300 cadetes de la academia policial para 2021.
Gerardo Márquez Guevara, fiscal general de Coahuila
1. Continuar con el trabajo de la mano con sociedad civil de análisis contextual, la especialización de los operadores y generar un patrón que se convierta en una política criminal.
Miguel Felipe Mery Ayup, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila
1. Apertura para continuar la observación de audiencias penales.
2. Evaluación pública al funcionamiento de los juzgados únicos para atender casos de violencia familiar, tanto en la vía penal como en lo familiar.
