El hackeo de cuentas de WhatsApp es actualmente tan común que a nivel estatal se registran diariamente de dos o tres incidentes relacionados con esta práctica a la que, a la distancia, recurren delincuentes que de esta manera buscan lucrar a costa del engaño y la estafa, y de la cual no escapan los funcionarios públicos.
Así lo dio a conocer el titular de la Fiscalía General de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, quien hizo notar que la institución tiene documentados entre 20 y 30 casos de hackeo en los que los afectados han sido precisamente servidores públicos, entre estos el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, por lo que hubo necesidad de asegurar su teléfono celular.
Indicó que la Fiscalía comenzó a dar cuenta de estos eventos desde mediados del año pasado, y desde entonces no han dejado de difundirse una serie de recomendaciones dirigidas a la ciudanía en general en la intención de que se adopten algunas medidas necesarias para la prevención de los hackeos y sus consecuencias, en el entendido de que es pate de los medios a los que recurren los estafadores para lucrar al establecer comunicaciones con falsas peticiones de ayudas emergentes de ayuda económica. Incluso se han brindado servicios de capacitación al respecto a algunas empresas.
Una de las principales recomendaciones que se hace a favor de la prevención, es blindar desde cualquier teléfono celular el servicio personalizado de WhatsApp, con un procedimiento muy sencillo, de únicamente dos pasos.
Por lo demás, desde que existe la posibilidad de una extorsión telefónica mucho se ha insistido en la importancia de no contestar llamadas o mensajes de números desconocidos, no registrados o de ladas de otras regiones, en el entendido de que si realmente es un familiar cercano el que busca establecer la comunicación logrará hacerlo de alguna otra manera.
Lamentablemente, comenta Márquez Guevara, hay ocasiones en los que a pesar de todas las recomendaciones que se hacen a favor de la prevención, algunas personas caen en el engaño y terminan por depositar o transferir cantidades que pueden ser de entre los 20 mil y los 50 mil pesos, por lo que el daño patrimonial que dejan este tipo de fraudes es en términos globales muy cuantioso.
No obstante, hasta ahora no ha sido posible lograr las detenciones de las personas involucradas en estos delitos, pues por lo general actúan a la distancia desde otras regiones del país y algunos incluso desde el interior de reclusorios federales.