Financiar la ejecución de un proyecto de obra pública bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP) no implica precisamente contratar deuda a largo plazo, ya que aun cuando se genera así un compromiso económico que puede extenderse por varios años, el mismo corresponde en realidad a la contratación de un servicio.
Es así como esta alternativa puede potencializar la capacidad que tienen los gobiernos de los distintos niveles para atender necesidades en materia de obras de infraestructura, sin que eso les representen sacrificar la liquidez económica con la que deben contar para, al mismo tiempo, continuar atendiendo sus compromisos y obligaciones con la ciudadanía.
En tales términos se expresa el titular de la Dirección General de Obras Públicas del Ayuntamiento de Torreón, Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, al ser cuestionado sobre cómo es que debe entender el común de la gente lo que es una APP, figura que en Coahuila cuenta con todo el sustento jurídico necesario para que pueda ser aprovechada por los gobiernos estatal o municipales, si en un momento dado así lo consideran conveniente y pertinente.
Como es sabido, por lo que respecta a Torreón recientemente se turnó al Congreso del Estado una solicitud en espera de que se apruebe contratar una APP a fin de concretar la construcción de un nuevo distribuidor vial, identificado como Giro Independencia, en la confluencia del periférico Raúl López Sánchez y el bulevar Independencia, lo que representa una inversión cercana a los 280 millones de pesos.
Von Bertrab refiere que, en términos generales, con una APP es posible obtener financiamiento privado para realizar obras públicas, lo que hace ya algunos años nació de la inquietud de empresarios interesados en proyectos prioritarias para la nación, los estados y los municipios, para así poner a trabajar su dinero bajo un esquema que les genere mayores rendimientos que los bancos.
Así, explica, los empresarios involucrados se encargan de hacer la inversión directa para realizar una obra determinada, misma que se comprometen a mantener en buenas condiciones para finalmente entregarla funcionando y como nueva al término del contrato, una vez que el gobierno les haya terminado de pagar por sus servicios.
Para que esto sea posible, a nivel municipal se debe contar primer con la aprobación del Cabildo y posteriormente del Congreso del Estado, y si al final se otorga, la ejecución de la obra puede iniciarse siempre bajo la supervisión de las autoridades, en el entendido de que no se comenzará a erogar ningún pago sino hasta que los trabajos queden terminados, y lo que se haya construido comience a cumplir con su objetivo.
De acuerdo con el funcionario, por lo menos en el norte del país, Torreón podría llegar a convertirse en el primer municipio en hacer uso de una APP, esquema que ya con anterioridad ha sido muy aprovechado a nivel federal por instituciones como PEMEX, el ISSSTE y la SEDATU, mientras que por lo que se refiere a gobiernos estatales un caso muy conocido es el de Nuevo León, donde se construyó así el vistoso y funcional puente elevado en la principada entrada a Monterrey.
En Torreón, la realización del Giro Independencia, de lograrse, implicaría contratar un servicio para la construcción y mantenimiento de la obra de infraestructura para un período de hasta 10 años, con lo que el costo neto a pagar podría elevarse a cerca de 500 millones de pesos, cuyo pago quedaría garantizado al comprometer, en caso de un eventual cumplimiento, una parte de los recursos que recauda el municipio mediante el impuesto por concepto de conservación del pavimento, esto mediante la creación de un fideicomiso que con oportunidad tendría que ser notificado ante las autoridades hacendarias.
