Torreón, Coahuila. - El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Torreón, Carlos González Silva, puso sobre la mesa todo lo que tendrán que hacer los empresarios para evitar sanciones o hasta penas corporales por un supuesto incumplimiento a la nueva Reforma Laboral, donde el mayor temor no es lo relacionado con lo laboral, sino con el tema fiscal, pues es ahí donde se pudieran dar las sanciones más severas.
En este sentido el dirigente de los industriales dio una amplia explicación de lo que en estos momentos ocurre y que no es tanto el tema del llamado outsourcing, sino en el caso de las empresas que tengan subcontratación de personal, lo más fácil es te los traes y se acabó el problema, pero ese no es el meollo del asunto.
“El problema es que mucha gente no ha entendido lo que significa un servicio especializado, todas las personas que brinden un servicio de este tipo, se tienen que registrar en la página oficial de la Secretaría del Trabajo Federal”, destacó el presidente de CANACINTRA Torreón.
“Que es un servicio especializado, pues prácticamente todo, un plomero, un electricista, un tornero, un cortador, un soldador, y una interminable lista, y todas estas personas con esta reforma laboral se tendrán que registrar, o sea serán millones de registros los que se tendrán que hacer en un muy corto tiempo, pero ese no es el problema mayor, el problema mayor es que a partir del primero de agosto todas las cuestiones que Hacienda considere servicios especializados y no estén registrado tu proveedor en automático tus facturas quedarán canceladas sin que el empresario se dé cuenta”, explicó.
“Vamos a suponer que el medio de comunicación que representas va a cubrir por semanas un reportaje en un parque solar, eso se considerará como un servicio especializado, entonces el medio tendrá también que darse de alta en la Secretaría del Trabajo y sino al que le está facturando no le valdrá su factura y será muy complicado que todos los días estemos checando si estas o no dado de alta en ese momento”, apuntó.
“Si en el total de servicios que compraste se acumulan 7.8 millones de pesos o más, que no estén bien requisitados ante la Secretaría del Trabajo, la Secretaria de Hacienda pudiera considerarlo como defraudación fiscal o crimen organizado, así que por una negligencia de los proveedores tú como empresario estas en riesgo de que tu representante legal vaya directo a la cárcel y la empresa se puede cerrar, de ese tamaño es el problema en el que estamos”, enfatizó Carlos González Silva.