Luego de que se les notificó que después del 30 de junio sus actuales contratos temporales de trabajo habrán llegado a su fin, médicos y enfermeros adscritos al sistema IMSS Bienestar en Torreón protestaron de manera pacífica en contra de la posibilidad de perder de manera definitiva sus plazas laborales si no aceptan la posibilidad que se les ha ofrecido para que se reubiquen a otros estados del país.
Su preocupación al respecto la hicieron pública mediante un grupo representativo que se concentró sobre la explanada de la Plaza Mayor, esto al final de una campaña intensiva de difusión en la que, a través del reparto de volantes con información impresa en cruceros viales, buscaron visibilizar ante la ciudadanía el problema que ahora enfrentan.
Brandon Hernández, uno de los inconformes, comentó que solamente en Torreón son alrededor de 200 las personas que se encuentran ahora ante el riesgo de quedarse sin trabajo, luego de que durante años habían estado siendo contratados como eventuales bajo condiciones que siempre aceptaron con la esperanza de algún día llegar a ocupar una base laboral definitiva, como titulares.
Hay entre ellos, dijo, quienes llevan hasta 10 años de antigüedad laboral, aunque la mayoría fueron a ser contratados tras el inicio de la pandemia por Covid-19 para que prestaran sus servicios en las unidades médicas dependientes de la Secretaría de Salud, como son el Hospital General Torreón y los Centros de Salud urbanos y rurales.
Los contratos que los han reconocido como parte de personal eventual se formalizaron en su tiempo con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y luego, al desaparecer este pasaron a formar parte del sistema IMSS Bienestar.
Explica Brandon Hernández, luego de que Coahuila no se adhirió al esquema de federalización de los servicios de salud, se les notificó que el último contrato vigente para ellos es el que se vencerá el 30 de junio, y que si quieren seguir siendo empleados de IMSS Bienestar deben acceder a su reubicación a estados norteños de Zacatecas, Sonora, Sinaloa, Baja California y otros de la región sur del país.
Eso es algo que en definitiva no están en condiciones de aceptar por las difíciles condiciones que en aquellas entidades se viven en materia de seguridad pública y, sobre todo, porque para ello de inicio tendrían que separarse de sus familias y dejar el patrimonio que han logrado construir con años de esfuerzo, como es el caso de las viviendas que muchos de ellos apenas comenzaron a pagar en planes de crédito a muy largo plazo.
