Torreón, Coahuila.- El presidente del Colegio Regional de Abogados de La Laguna, doctor José de Jesús Fernández Hernández, envió una misiva al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila (TSJE), Miguel Mery Ayup, para solicitarle no dar marcha atrás en la apertura de los juzgados civiles, penales, mercantiles y familiares, como lo han solicitado otros grupos y barras de abogados, por considerar que su implementación resulta esencial para el funcionamiento de la sociedad y es vital para los justiciables.
Por esta razón hicieron una misiva en la que expresan textualmente que:
“En vista de la situación que se vive derivada de la pandemia generada por el coronavirus y su enfermedad denominada Covid-19, hacemos de su conocimiento que respaldamos las medidas tomadas por el Pleno de Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, de retomar las actividades jurisdiccionales al interior del Estado de Coahuila. Su implementación resulta esencial para el funcionamiento de nuestra sociedad, pues favorece a los justiciables por ser la impartición de justicia un derecho constitucional que debe desarrollarse en forma pronta, expedita e imparcial; y, además se consolida el ejercicio de la abogacía pues, es indispensable reactivar económicamente este sector, favoreciendo con ello a los profesionales del derecho.
De esta manera, y debido a la dinámica observada en la primera semana de la nueva normalidad dentro del Poder Judicial, particularmente en los juzgados civiles, mercantiles y familiares del Distrito Judicial de Torreón, consideramos que es necesario reforzar algunas medidas de contención sanitaria, así como innovar en los protocolos de atención a la sociedad, pues se busca una mayor protección para los funcionarios públicos, abogados y usuarios del Poder Judicial. Por este motivo, y a efecto de otorgarles mayor seguridad, procurando prevalezca el derecho a la salud y, evitar que este espacio se vuelva propicio para generar contagios, las y los integrantes del COLEGIO REGIONAL DE ABOGADOS DE LA LAGUNA A.C., con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 4 y 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 1 2, 3 y 154 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, realizamos las siguientes propuestas:
PRIMERA. Se deben mantener en funcionamiento los órganos jurisdiccionales en el Distrito Judicial de Torreón, con el objetivo de ponderar el derecho de acceso a la justicia de la población que habita en esta región, privilegiando el derecho a la salud y a la vida.
SEGUNDA. Sugerimos se mantengan las medidas de distanciamiento social, de promoción y protección a la salud recomendadas en los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral, a fin de garantizar los principios de protección a la salud y la vida, fomentando la solidaridad con todos y no discriminación, eficiencia productiva, y principalmente el de responsabilidad compartida (pública, privada y social).
TERCERA. Como operadores dentro del sistema judicial, sugerimos la implementación de medidas específicas como:
1. Habilitar una oficialía de partes por materia, así como la ampliación del horario de operación de la misma, a fin de evitar aglomeraciones.
2. Privilegiar el uso del buzón para la presentación de demandas y promociones.
3. Designar un horario especial para la revisión de expedientes por parte de las y los abogados mayores de sesenta años y personas que vivan con alguna discapacidad.
4. Fomentar el uso de la tecnología, especialmente para la revisión de expedientes virtuales o digitales a través de medios electrónicos.
5. Sistematizar, a través de aplicaciones o medios electrónicos, el otorgamiento de citas tanto para revisión de documentos, ratificaciones, notificaciones, etc.
6. Realizar, a medida de lo posible las audiencias por medios electrónicos, dejando las presenciales como caso de excepción, cuando por su naturaleza deban celebrarse de esa forma.
CUARTA. Exhortar a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, para que con su colaboración se realicen las reformas en los Códigos Procesales y se asigne el presupuesto necesario para la modernización del Poder Judicial, principalmente con las actualizaciones tecnológicas necesarias para el funcionamiento de las propuestas antes citadas (expedientes virtuales).”
