Torreón, Coahuila.- El coordinador de la coalición de trabajadores de la educación en Coahuila, profesor José Luis Anzures García, dio a conocer que el pasado 25 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la resolución mediante la cual invalidó varios artículos de la Ley del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila, que contravienen principios constitucionales sobre el derecho humano a la salud y a la seguridad social.
Los artículos declarados inconstitucionales son los relativos a los Copagos, los Convenios para pago de adeudos y los Planes de Protección que operaban como un modelo comercial de seguro de gastos médicos. Pero todo eso ha quedado invalidado por la Corte y se entiende que ya el Congreso del Estado hizo el addendum correspondiente en la Ley, señalando los artículos declarados inconstitucionales.
También, la Dirección del Servicio Médico ha girado instrucciones a los administradores de clínicas y farmacias para que se dejen de hacer cargos adicionales a los derechohabientes por los servicios recibidos.
"Como Coalición de Trabajadores de la Educación nos congratulamos de la decisión de la Corte, porque representa un logro de gran trascendencia en la defensa de nuestra seguridad social. La sentencia del máximo tribunal de justicia en México es el reconocimiento de la justa lucha dada en el marco jurídico en contra de leyes que vulneran flagrantemente el derecho humano a la salud y a la seguridad social de los trabajadores de la educación de Coahuila y confirma nuestra confianza en las Instituciones y en el estado de derecho".
"No obstante lo anterior, tenemos que señalar que la crisis en los servicios de las clínicas del magisterio se ha intensificado en todo el Estado, pues prevalecen las carencias y las deficiencias que son iguales o peores que en los últimos años. Los derechohabientes y beneficiarios seguimos padeciendo la falta de medicamentos y de atención médica, lo que ha mermado la salud de compañeros activos y jubilados. Esta situación se agrava en estos últimos días, con la pretendida decisión de la administración del Servicio Médico de limitar aún más la atención con el pretexto de la falta de recursos para costear la atención por la falta de ingresos derivado de la resolución de la Corte".
"Por esta razón nos preocupa que, según las declaraciones hasta ahora conocidas, se hagan planteamientos en el sentido de proponer una alternativa que no es congruente con la responsabilidad del Ejecutivo estatal para cumplir con su obligación como garante de nuestra seguridad social y responder a la resolución de la Corte implementando mecanismos de refinanciamiento de la Institución para mejorar sus condiciones de operación y ofrecer ya una atención de calidad, sin regatear recursos para los trabajadores de la educación y sin considerarlos una carga para el erario. La decisión de atender a los derechohabientes, por vía subrogada, en los Centros de Salud Pública o los Hospitales Generales del Estado, no asegura la solución a nuestro problema de salud, porque es bien sabido que tales espacios tienen tantas o más carencias que el propio Instituto de Servicio Médico".
Preocupa e indigna también la insistencia de las autoridades y dirigentes sindicales del SNTE en señalar a los trabajadores y a los jubilados como causantes de la crisis, instándolos a hacer más aportaciones y pagos de los que ordinariamente establece la ley, como condición para recibir una atención especial y adicional, con lo cual se incurre en discriminación y trato distintivo para derechohabientes.
El quebranto financiero y, como consecuencia, el pésimo servicio del Instituto del Servicio Médico viene de mucho tiempo atrás y no fue provocado ni por los trabajadores ni por los pensionados. Es público y sabido que las causas fundamentales del Servicio Médico son las irregularidades administrativas y las deudas que tienen los patrones.
De ello, dan cuenta las denuncias penales presentadas por la propia Auditoría Superior del Estado, por un presunto daño de más de mil trecientos millones de pesos a las Instituciones del Seguridad Social del Magisterio, de los cuales más de 424 millones corresponden al Servicio Médico y, sin embargo, nada ha informado el Gobierno del Estado sobre investigaciones que se hubieran realizado en torno a estas denuncias en las que estarían involucrados distintos administradores y funcionarios de la Institución, en presunta complicidad con otras figuras del ámbito sindical del SNTE.
Por otra parte, los informes oficiales del propio Servicio Médico, refieren las grandes cantidades que le adeudan el Estado, la UAAAN y la UA de C desde la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (DIPETRE) o por aportaciones ordinarias, que al cierre del primer trimestre de 2020 ascienden a más de 760 millones de pesos, de los cuales el mayor adeudo es de la cuenta institucional del estado (más de 550 millones de pesos).
En tanto, la cuenta de la UA de C registra un adeudo de más de 166 millones, y la UAAAN por más de 20 millones. También tienen adeudos el FOVI, el Seguro del Maestro. A su vez la DIPETRE tiene cuentas por cobrar por más de 3,439 millones de pesos de diferentes aportantes obligados, entre ellos el Gobierno del Estado con la mayor aportación pendiente de efectuar (casi 2,800 millones de pesos), la UA de C 413 millones y la UAAAN 206 millones.
“Nuestro planteamiento es que, si se resuelve de fondo el tema de la corrupción, la mala administración y se pagan los adeudos del Gobierno del Estado y las otras instituciones, el Servicio Médico tendría recursos para operar eficientemente. Culpar a los derechohabientes (obligándolos a que sean ellos quienes paguen más dinero) seguir permitiendo las irregularidades administrativas y que el Gobierno Estatal y los demás patrones evadan su obligación de pagar sus deudas, mantendrá a la institución en el pésimo estado en el que se encuentra actualmente”.
“Por otra parte, es necesario que el Gobernador disponga espacios para dialogar con todos los derechohabientes legítimamente interesados como la Coalición de Trabajadores de la Educación Pública de Coahuila, integrada por grupos y asociaciones de trabajadores activos y jubilados del sistema educativo estatal, el SUTAUAAAN y las Asociaciones de Pensionados de la UAAAN y la UA de C. Seguiremos en la lucha. Nuestra participación crítica persistirá hasta lograrlo”