Torreón, Coahuila.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) -tal como lo ha manifestado de forma pública en los foros que fueron convocados por el Poder Legislativo en su momento-, no está de acuerdo con cualquier expresión de actividades ilegales que, escudadas en la figura de la subcontratación laboral, han venido lucrando indebidamente y defraudando al erario, generando competencia desleal, lesionando los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores, así como dejándole enormes pasivos a las empresas que las han contratado de buena fe, según lo reiteró el dirigente nacional, Gustavo de Hoyos Walther.
“Apoyamos cualquier esfuerzo para acabar con estas actividades fraudulentas, pero sin perder de vista que existe una muy importante actividad económica y de generación de empleo formal y digno, que se genera por medio de la subcontratación laboral que sí cumple con todos los estándares legales de cumplimiento”.
Si la subcontratación laboral es empleada de forma correcta, conforme a las leyes, pagando las obligaciones sociales de los trabajadores -tal y como corresponde-, así como las obligaciones fiscales debidas, esta figura utilizada y reconocida en todo el mundo, apoya también al fomento del empleo, a la economía formal y a la inversión.
Pensar en una prohibición total de la subcontratación laboral, conocida popularmente como “outsourcing”, será una grave afectación más al deteriorado panorama, con lo que se perderían una cantidad muy importante de empleos legítimos debidamente remunerados, que impulsan nuestra recuperación económica.
“Invitamos de nueva cuenta a que los argumentos de la COPARMEX sean considerados, aunado a que se respeten los compromisos establecidos y acordados en diversas reuniones, tal como la convocada por la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado de la República”.
“También exhortamos a que se respeten los principios constitucionales para así generar seguridad jurídica a las inversiones, que son la principal fuente de empleo formal en este país. Además de que se castigue a los evasores, pero sin afectar la libertad de empresa, ni a la inversión y al desarrollo económico que tanto necesitamos”.
