En opinión del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, la reciente reforma que busca limitar de manera exagerada el gasto público en materia de comunicación social, pudiera verse como un revanchismo hacia los medios de comunicación o como la intención de coartar la libertad que tienen los gobiernos municipales y estatales para mantenerse en contacto con la ciudadanía para dar a conocer información relacionada con proyectos, programas y obras.
Es por eso, dijo, que el Gobierno de Coahuila, al igual que lo han hecho ya 24 gobiernos municipales de esta entidad, no dudaron en interponer sendos recursos de inconstitucionalidad en espera de que sean resueltos a su favor por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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Por principio, recordó que ya con anterioridad el gobierno coahuilense y él en lo personal como mandatario estatal se pronunciaron abiertamente en contra del llamado Plan B de la reforma electoral al que le apuesta el ejecutivo federal al promover reformas a leyes secundarias.
Es el caso precisamente de la Ley General de Comunicación Social que busca impedir que los gobiernos locales y otros entes públicos inviertan más del 0.1 por ciento de su presupuesto anual en la contratación de servicios en materia de comunicación social o difusión.
De acuerdo con Riquelme, ese es un porcentaje totalmente alejado de la realidad, que ni siquiera alcanza para cubrir servicios en materia de comunicación en temas de emergencias, protección civil, salud, educación y otros que son prioridad para el Estado Mexicano y en este caso para Coahuila.
Incluso, agrega, solamente las campañas de prevención contra las adicciones que están planeadas por el Grupo de Coordinación Operativa en materia de Seguridad Pública sería imposible sostenerla si prevalece dicha restricción.
El Gobernador refiere que la Ley General de Comunicación Social lleva intenciones muy claras, aunque haya sido promovida con distintos argumentos que no son sino pretextos, de ahí que no se ha dudado en ir en contra de ella al abordar jurídicamente la vía constitucional, en espera de que la resolución de la SCJN pueda emitir pronto una resolución favorable.
De hecho, Miguel Ángel Riquelme se mostró optimista al respecto, luego de haber tenido la oportunidad de escuchar con detenimiento un mensaje que recientemente emitió públicamente la actual presidenta de la Corte, ministra Norma Piña en relación con la autonomía del poder judicial.
“Nos da mucho gusto haber escuchado el discurso de la Ministra, y sin hacer mayores comentarios como gobernador, creo que manda un mensaje para todas y todos los mexicanos, sobre todo en materia Constitucional, que en es lo que luego estamos como gobernadores muy al pendiente de todo tipo de resoluciones que afectan a las entidades”.
“Entonces, esperemos la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con mucha certidumbre de lo que suceda o resuelva, pues es lo correcto en materia jurídica en el país”, concluyó.
