Torreón, Coahuila.- Ante la denuncia que regidores morenistas e independientes formalizaron este jueves ante el Ministerio Público Federal en relación con la supuesta intención de desviar recursos municipales con fines políticos o electorales a través de un programa social que mediante tarjetas plastificadas distribuirá apoyos económicos a familias en situación vulnerable, los integrantes de la fracción panista del Cabildo de Torreón refutaron las acusaciones al asegurar de manera categórica que el esquema que se cuestiona está totalmente dentro de la legalidad y contemplado dentro del Presupuesto de Egresos 2021 que se aprobó en diciembre del año pasado.
En ese sentido, coincidieron con el planteamiento que puso sobre la mesa el regidor Alberto Rosales Arcaute al advertir que pese a las críticas y a la denuncia a la que se le dará el debido seguimiento jurídico, “no nos vamos a detener en apoyar a la gente que lo necesita mientras estemos en la legalidad”.
Parte de los comentarios compartidos al respecto durante una rueda de prensa, los esbozaron la síndica de mayoría Sandra Mijares Acuña y la regidora Thalía Peñalosa Vallejo, para quienes es de llamar la atención que sea hasta ahora, en tiempo preelectorales, cuando se hacen señalamientos tan serios en torno a un programa del que ya se tenía conocimiento desde que se aprobó el presupuesto municipal en general y en particular el que ejerce la Dirección de Desarrollo Social, y desde que las correspondientes reglas de operación se publicaron el 4 de enero.
Se mencionó en ese sentido que entre quienes en su momento aprobaron con sus votos el presupuesto y estaban al tanto del programa, figuran los ahora ediles independientes que se han unido a los de Morena para atacarlo en plena temporada de campañas electorales.
Por otra parte, se hizo notar que existe la posibilidad de que la distribución de apoyos individuales que se busca ofrecer con el programa, no alcance a comenzar a realizarse ates de que se realicen las elecciones, toda vez que el correspondiente proceso de licitación no pudo concretarse al haber sido declarado desierto en una primera convocatoria.
Cabe señalar que el objetivo del cuestionado esquema de ayuda social busca complementar el respaldo que se brinda mediante el denominado programa alimentario, con la asignación de apoyos individuales de 400 pesos para familias de escasos recursos. Es así como se pretenden distribuir 12 millones de pesos acreditados en un total de 30 mil tarjetas plásticas.
Por lo que respecta a la denuncia que se presentó ante el Ministerio Público y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, los panistas refieren que es lamentable que un asunto que debe ser meramente de carácter jurídico se aborde con un evidente interés político a unas semanas de los comicios, ante lo cual “no vamos a paralizar la ayuda a la gente, haga pataleta quien la haga”, agregó Rosales Arcaute.
Cabe señalar que en la denuncia que se formuló se señala como presuntos responsables de diversos delitos al alcalde Sergio Lara Galván, a la tesorera Mayela Ramírez Sordo, al contralor Juan Carlos Álvarez Venegas, a la síndica Sandra Mijares Acuña, al director de Desarrollo Social César de la Garza Adriano y, entre otros, al presidente municipal con licencia Jorge Zermeño, al aspirante a la alcaldía Marcelo Torres y al candidato a diputado federal Fernando Izaguirre.