Torreón, Coahuila. - En Torreón, seis familias se han visto afectadas con abuso de autoridad y otras irregularidades para quitarles el lugar donde han vivido durante varios años.

El abogado defensor de los perjudicados, Francisco López Gutiérrez, informó que la problemática obedece a que quieren desalojar a alrededor de 25 personas que habitan en un edificio ubicado en la esquina de la avenida Corregidora y la calle Leandro Valle.

El hijo de la dueña del inmueble los demandó, por lo que las autoridades fueron el viernes 13 de marzo para notificarles de un llamamiento a juicio y ahí mismo ejecutan, no obstante que debe existir un término de nueve días para dar contestación.

Ese día, desde temprano hora arribó maquinaria pesada para empezar a demoler la finca, afectando también a la infraestructura de casas aledañas.

“La demanda es reivindicatoria, pero nos damos cuenta de que ya habían existido otras demandas hace más de 15 años, es decir, ya se preinscribió, inclusive, para la ejecución de una sentencia. Ya hay dos juicios contra los mismos habitantes y ahora inventan un tercero, pero llegan emplazando a nueve días para contestar, pero en el mismo acto, con abuso de autoridad tumban una vivienda y afectan a las demás”.

El día que iniciaron los derrumbes de las paredes y los techos, había muebles al interior y se puso en riesgo la salud de las personas, además de que se careció de personal de Protección Civil, indicó.

“Ese día llegó la actuaria y emplaza por orden de un juez, pero los demandantes se excusaron al decir que iba como ejecutora. Por eso ya interpusimos un amparo por el abuso de autoridad y esa arbitrariedad”.

No obstante, también se ordenó el corte de energía eléctrica, lo que pegó aún más a las seis familias.

“Y recordemos que ya había dos juicios y dos sentencias, y nadie puede ser juzgado por el mismo delito dos o tres veces. Hay muchas irregularidades”

Ante la situación, López Gutiérrez mencionó que se promovió el amparo para la suspensión del acto reclamado, además de que ya avisaron del caso a Miguel Mery Ayup, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila.