En busca de acuerdos orientados a evitar que las tarifas del servicio concesionado de limpieza se disparen de manera excesiva, como ya ocurrió el año pasado con cargo al erario público, la Tesorería Municipal inició recientemente nuevas negociaciones con la empresa Promotora Ambiental S.A. (PASA).
Así lo confirmó el titular de la dependencia, Óscar Luján Fernández, quien indicó que aun cuando las pretensiones de la empresa se sujetan a los términos contemplados dentro del contrato de servicios establecido a largo plazo, se le apuesta a lograr que haya una consideración al respecto, ya que uno de los parámetros que se toman en cuenta es la variación al alza de los salarios mínimos, que para este año es del 20 por ciento.
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Hay una serie de factores que junto con el índice de crecimiento inflacionario se toman en cuenta en la fórmula contemplada en el contrato, pero es precisamente el ajuste en los salarios mínimos lo que genera el mayor impacto a la hora de calcular el posible aumento en el costo de los servicios de limpieza a cargo de PASA.
Luján Fernández recordó que el año pasado el monto de la factura mensual que paga el Municipio a cambio de los servicios que brinda la empresa concesionaria quedó en un promedio de 24 millones de pesos.
Dijo que en términos reales la cifra podría haber llegado a los 28 millones de pesos mensuales, sin embargo, se logró amortiguar el impacto del incremento gracias a que una parte de los servicios que atendía PASA fueron absorbidos por el personal que labora dentro del programa de limpieza de La Ola.
De acuerdo con el funcionario, lo que se pretende evitar es que el costo de la factura mensual vuelva a incrementarse a razón de entre el 12 y el 13 por ciento, como ya ocurrió en el 2022, y para ello se espera lograr una buena negociación, en el entendido de que no se ha considerado hasta ahora la posibilidad de promover una anticipada cancelación del contrato de concesión cuya vigencia, según sabe, habrá de vencer al parecer hasta el 2026.
En tanto, comentó sobre la revisión de los términos de dicho contrato para la que se solicitó el año pasado la intervención del Congreso del Estado, que se trata de un asunto que aún debe estar en proceso y sujeto a negociaciones.