Actualmente hay tres ex servidores públicos de la anterior administración municipal que han sido vinculados a proceso penal, y próximamente podría haber más si se considera que hasta ahora solamente se han judicializado tres de las 13 carpetas de investigación integradas por la Fiscalía Anticorrupción a partir de denuncias relacionadas con la presunta comisión de diversos delitos, tales como como desvío de recursos públicos, peculado, abuso de funciones, entre otros.
Al respecto, Jesús Homero Flores Mier, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, recordó que de las carpetas en cuya integración se ha trabajado en lo que va del presente año por lo que respecta a Torreón, alrededor de cuatro corresponden al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), mientras que las demás tienen que ver con situaciones inherentes a distintas dependencias municipales que datan de los cuatro años de la pasada administración.
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“Ahorita se han estado judicializando algunas carpetas de investigación, hay ex servidores públicos vinculados a proceso, y estamos integrando las carpetas conforme se van presentando, y estamos siguiendo los tiempos que vayan marcando los jueces”, comentó.
Dijo también que dos de las personas imputadas prestaron sus servicios para el SIMAS, mientras que la tercera trabajó en su tiempo dentro del área de Servicios Administrativos del Ayuntamiento, y mencionó que de las tres se mantienen ahora sujetas a proceso, aunque en libertad y bajo medidas cautelares impuestas por el juez competente.
En estos tres casos, los delitos que en su oportunidad se señalaron y han sido objeto de investigación, implican para el erario público una afectación por un monto aproximado a los 40 millones de pesos.
De acuerdo con Flores Mier, ante este tipo de casos lo que busca el Sistema de Justicia Penal en el país es la reparación del daño, aunque eso no es algo en lo que le toque intervenir el Ministerio Público.
En se sentido explicó que hay ciertas formas de terminación de los juicios, entre estas la de un acuerdo reparatorio, donde la víctima es quien tiene que estar de acuerdo, no el Ministerio Público.
En todo caso, esta posibilidad se ofrece ante el juez, y la víctima es quien dice si está de acuerdo o no con la reparación del daño que en su momento tendría que cuantificarse, agregó.
Mientras tanto, lo que le corresponde a la Fiscalía en los casos referidos es continuar como hasta ahora llevado a cabo los procedimientos que ha marcado el juez y los tiempos. “Vamos a estar en espera de que llegue el momento correspondiente, en tanto estamos integrando la carpeta de pruebas, estamos dentro de un período probatorio en todos los juicios, y vamos a continuar en ese sentido”.