Con el fin de que las personas que sean designadas como magistrados cuenten con una alta especialización en materia de derechos humanos, la Constitución de Coahuila se reformará para crear la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), mismos que serán elegidos por el pleno de este poder, siempre y cuando cumplan con el perfil adecuado y la práctica acreditada en este campo.
Lo anterior se plantea en la iniciativa al respecto envida al Congreso del Estado por el gobernador Miguel Ángel Riquelme, donde se expone que se privilegiará el derecho a la igualdad, salvo la prevalencia del trato judicial más favorable a las personas más débiles o vulnerables y trato digno.
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Esto se deberá de hacer con un enfoque diferencial y especializado a favor de las víctimas que resulten afectadas de forma grave por un delito de lesa humanidad o por violación a de sus derechos humanos.
Además, las resoluciones de esta Sala Constitucional podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas con efectos generales, por la mayoría de los miembros y tendrá efectos de cosa juzgada en los términos que establezca la ley que se generará con esta iniciativa.
De igual manera, la Sala conocerá del juicio local para la protección de los derechos humanos y se erigirá en Tribunal de Derechos Humanos. La justicia se regirá por la Constitución, las Cartas de Derechos, en tanto que se aplicarán e interpretará en forma directa las decisiones emitidas por los organismos nacionales e internacionales del Sistema de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano.
También, podrán aplicar el precedente extranjero en materia de derechos humanos, favoreciendo en todo momento su protección más amplia.
A la par, se reformará la Ley Orgánica del Poder Judicial para establecer que la Sala en Materia Constitucional emitirá opiniones o decisiones acerca de la interpretación y aplicación de la Constitución Política de Coahuila, las Cartas de Derechos y sus Protocolos Adicionales, así como de proyectos legislativos o de normas vigentes.
También, conocerá del control difuso de la constitucionalidad local; cuestiones, acciones y controversias de inconstitucionalidad local; juicio local para la protección de los derechos humanos; fijará jurisprudencia obligatoria por precedente, reiteración o por declaración; emitirá opinión especializada ante el Congreso del Estado, sobre los proyectos o iniciativas de derechos humanos, así como presentar iniciativas de ley en la materia.
