El gobierno de Coahuila y los Municipios de Torreón y Saltillo presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) controversias constitucionales contra el Plan B de la Reforma Electoral, con lo que buscan que se declare no válido el artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social, que atenta contra la libertad hacendaria del estado y los municipios para ejercer la libre administración de sus recursos, e invade su autonomía.
Fernando de las Fuentes Hernández, secretario de Gobierno de Coahuila, dio a conocer lo anterior al precisar que las universidades de México harán lo mismo en un solo frente por medio de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), porque también se ven afectadas en su entorno.
- Te puede interesar: Pide GEL crear consejo metropolitano entre Coahuila y Durango
Señaló que con estas legislaciones la Federación se extralimitó en sus funciones y se metió de lleno en esferas absolutamente municipales y estatales, mismas que son parte de la controversia que presentó Coahuila.
En tanto, el Ayuntamiento de Torreón formalizó ayer ante la SCJN la promoción de una controversia constitucional en contra de las restricciones presupuestales contempladas dentro de la reforma a la Ley General de Comunicación Social promulgada el pasado 27 de diciembre.
Por instrucciones del alcalde Román Alberto Cepeda González, se decidió agotar este recurso jurídico por considerar que dicha reforma atentan en contra de la autonomía municipal y de la capacidad de organización del gobierno en este nivel que están consagradas en la Constitución en su artículo 115, confirmó la secretaria del Ayuntamiento de Torreón, Natalia Fernández Martínez
El Municipio de Saltillo, a través de la Secretaría del Ayuntamiento y por medio de la Dirección de Asuntos Jurídicos, puso en marcha la acción legal en contra de la reforma aprobada el pasado mes de diciembre de 2022.
Carlos Estrada Flores, Secretario del Ayuntamiento, informó que el objetivo es que se declare no válido el artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social, que atenta contra la libertad hacendaria de los municipios para ejercer la libre administración de sus recursos, e invade su autonomía.