San Pedro, Coahuila.- En un concurrido evento celebrado este domingo 10 en una de las comunidades sanpetrinas el Diputado Federal por Coahuila, Francisco Javier Borrego Adame dio a conocer los beneficios que la reforma judicial traerá al pueblo coahuilense.
La participación de la gente fue muy entusiasta inclusive varios litigantes se mostraron partidarios de inscribirse en el proceso para que la justicia, imparcial, pronta y expedita llegue a Coahuila.
En esta ocasión, celebramos la victoria del Pueblo de México tras haberse confirmado que la Reforma Judicial va, y que el próximo 1 de junio del 2025, las y los mexicanos eligiremos por voto libre, secreto y universal a los Jueces, Magistrados y Ministros que se encargarán de impartir justicia, justicia que, a lo largo de nuestra historia, se ha visto como algo casi imposible de alcanzar, destacó Borrego Adame.
Durante décadas, hemos sido testigos de los privilegios y la corrupción que imperan en el Poder Judicial. Jueces que venden sentencias al mejor postor, que aceleran o retardan procesos según sus intereses, o que encarcelan a personas inocentes, generalmente las más pobres, mientras, que, por otro lado, condonan miles de millones de pesos en impuestos a los empresarios más ricos del país.
Ahora, de la mano de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum, tendremos un auténtico Estado de Derecho, el cual será la base para el segundo piso de la Cuarta Transformación.
¿Qué fue lo que hicimos?
Primero, aprobamos la Reforma Judicial presentada por nuestro expresidente Andres Manuel López Obrador como parte del Plan C, e impulsada fuertemente por nuestra ahora Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La reforma tiene objetivos principales:
1 Que el Pueblo elija mediante votación democrática a los mejores perfiles para que sean Jueces, Ministros y Magistrados como sucede en otros países como Estados Unido. En nuestro país, la decisión de quién llegaba a ser Juez recaía en una élite enquistada en el Poder Judicial Federal desde hace décadas.
2 Que se erradique la corrupción y se reduzcan los privilegios y el derroche excesivo de dinero, con austeridad, eficiencia y transparencia del Poder Judicial. Más de 2mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación, especialmente Jueces y Magistrados, ganan más que la Presidenta, algo que por cierto está prohibido por la ley. En el caso de los Ministros de la Suprema Corte es aún peor: perciben un salario integral mensual que alcanza los 739 mil pesos.
3. Justicia expedita, es decir, que no sea como ahora que una persona tiene que esperar años para acceder a justicia. Por otro lado, presos se mantienen encarcelados sin sentencia por el mismo periodo de tiempo o más.
4. Que se establezcan órganos administrativos y disciplinarios independientes de la Suprema Corte ya que, hoy en día la labor de los Jueces es auditada y revisada por ellos mismos.
La aprobación de la reforma
La reforma, fue aprobada cumpliendo con los requisitos que marca el artículo 135 de nuestra Constitución: alcanzamos la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, la mayoría calificada en la Cámara de Senadores y la ratificación en casi la totalidad de los 32 congresos estatales del país. Es importante mencionar que estas mayorías no surgieron de la nada; fueron otorgadas por el Pueblo de México el pasado 2 de junio con una votación histórica de 36 millones de mexicanos y de mexicanas que con su voto aprobaron el Plan C propuesto por el expresidente López Obrador e impulsado por nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum. Podemos decir, sin lugar a dudas que fue el Pueblo de México quien aprobó esta reforma.
La guerra sucia del Poder Judicial de la Federación
No obstante, el camino no fue fácil y es que los integrantes del Poder Judicial de la Federación, encabezado por la Ministra Presidenta de la Corte, Norma Piña, emprendieron una irresponsable y muy ruidosa campaña mediática para intentar frenar la reforma. Se fueron a paro laboral durante dos meses, a pesar de que no se estaba violando ningún derecho de los trabajadores, aunque eso sí, no dejaron de cobrar su sueldo ni un solo día. Trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial fueron utilizados para cerrar calles y bloquear avenidas, ganándose un fuerte reclamo de la gente, mientras Jueces en todo el país, se auto otorgaban amparos para intentar frenar la reforma, a pesar de que la ley es clara al mencionar que ningún amparo procede contra una reforma constitucional.
La reforma en materia inimpugnabilidad
Justamente, dado el intento de sabotear la reforma medianto amparos ilegales, fue que aprobamos elevar a rango constitucional lo que ya se encontraba establecido en la fracción I del artículo 61 de la Ley de Amparo que dice: El juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por cierto, esto modificado en los tiempos de Enrique Peña Nieto, cuando se blindó la reforma energética para que no fuera impugnada, a pesar de que esta remataba los bienes del país a extranjeros. Además, añadimos un párrafo al artículo 105 y modificamos otro del artículo 107 con el fin también de establecer algo que la Suprema Corte ya había dejado claro: controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad tampoco proceden contra una reforma constitucional.
El intento fallido de golpe de Estado de la Suprema Corte
No obstante, en esta ocasión, la Suprema Corte cambió de criterios y de un momento a otro decidió que sí podía declarar la inconstitucionalidad de una reforma constitucional, a pesar de que en el pasado siempre se declaró incompetente para hacerlo. De hecho, más de 2,750 demandas de acción de inconstitucionalidad se habían presentado en la Corte previo a esta, y siempre se pronunció en el sentido de que no se puede invalidar el texto constitucional.
Sin embargo en esta ocasión era diferente; era evidente que estaban en juego sus privilegios y los de una élite altamente interesada en que no se modificara la corrupta estructura actual de la justicia en México. Ahora, los Ministros se mostraban dispuestos a todo, incluso a dar un golpe de estado técnico, tal y como lo expresó uno de sus voceros, el exministro José Ramón Cossío quien adelantó que habría dos constituciones funcionando al mismo tiempo y amenazó con la destitución de la Presidenta Claudia Sheinbaum y las y los legisladores que aprobaron la Reforma Judicial.
Fue por todo lo anterior que se admitieron demandas de inconstitucionalidad de partidos políticos de la oposición y el Ministro Juan Luis González Alcántara se puso manos a la obra con un absurdo proyecto que proponía declarar inconstitucional la Reforma Judicial. El día de la votación de esta barbarie jurídica de proyecto en la Suprema Corte, la Ministra Presidenta, Norma Piña, parecía confiada en que alcanzarían los 8 votos necesarios para declarar como inválida la reforma, sin embargo, no contaban con que el Ministro Alberto Pérez Dayán, congruente y fiel a sus principios, se posicionó en contra del proyecto, ya que, como él lo expresó, era notorio que la Corte no cuenta con facultades para revocar una reforma constitucional. A su posición, se sumaron las valientes Ministras Lenia Batres, Loretta Ortíz y Yasmín Esquivel, quienes respetando su encomienda de proteger la Constitución, votaron en contra del proyecto de Alcántara Carrancá. Cabe destacar que, la Ministra Norma Piña hizo un último intento por inválidar la reforma, llegando al absurdo de declarar que la Reforma Judicial ya vigente, estipulaba que con solo 6 votos se puede declarar la inconstitucionalidad de la ley, no obstante fue corregida por la mayoría de sus pares, quienes le recordaron que estos 6 votos aplican con la nueva conformación de 9 Ministros y actualmente siguen siendo 11, por lo que esta mayoría no aplica. Marcador final: 7 a 4, la reforma va.
Es por eso que hoy estamos de fiesta, porque ratificamos que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie; celebramos que nos asistió la razón y que se sobrepuso la República Democrática del Pueblo de México por encima de una élite, una aristocracia judicial de un selecto grupo de 7 Ministros que intentaban decidir el destino de nuestro país.
