El gobernador Manolo Jiménez envió al Congreso del Estado, a mediados de noviembre, una iniciativa de reforma al Código Penal donde se busca endurecer el castigo a los delitos de despojo y a quienes vandalicen las escuelas públicas como sucede en cada periodo vacacionales cuando los planteles se quedan solos.
Al dar a conocer lo anterior, la diputada Luz Elena Morales Núñez, comentó que en la próxima sesión de la Comisión de Gobernación, en el Congreso del Estado, está programada la revisión y análisis de esta iniciativa.
La presidenta de la Junta de Gobierno en el Poder Legislativo manifestó que también llegó al Congreso del Estadio una iniciativa ciudadana sobre el delito de despojo, por lo que en esa Comisión se determinará sí es factible incluir las dos propuestas, en un mismo dictamen o se analizan por separado.
En la propuesta del gobernador se advierte la necesidad de garantizar la protección del patrimonio, tanto de particulares, como de las escuelas y con un mayor castigo desincentivar esas conductas.
En la iniciativa se indica que los daños en las escuelas serán considerados como una agravante y las penas aumentarán en una mitad del mínimo y del máximo establecido en la actualidad.
Se plantea que la Secretaría de Educación reporta daños y robo a las instituciones educativas, principalmente durante las temporadas de vacaciones, como sustracción de bombas para agua, cableado eléctrico, mobiliario y equipo de cómputo, lo que afecta al alumnado.
Durante las vacaciones de verano del año pasado, en el estado se reportaron daños y robos en 35 escuelas en diversos municipios.
En tanto que por la situación del despojo, en la exposición de motivos de la iniciativa se advierte que de enero a septiembre de este año, se denunciaron 285 delitos de este tipo en Coahuila.
Así, se propone sancionara el despojo con tres a siete años de prisión y con 100 a 700 días de multa, porque actualmente, el castigo es de 2 a 5 años y de 50 a 500 días multa.
Además de que las penas se endurecerán cuando el delito se cometa por medio de la violencia, se lesionen a las personas y resulten afectados adultos mayores y discapacitados, de manera que la pena mínima y máxima aumentarán la mitad.
