Luego de que en inspecciones que se realizan en bares, antros y otros negocios autorizados para la venta de ventas ambulantes, recientemente ha sido común la detección de algunas credenciales de elector falsas, portadas estas por menores de edad, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís ordenó a la Fiscalía General de Coahuila realizar una investigación orientada a detectar a los responsables a fin de sancionarlos como corresponda.
Además, pidió analizar la legislación para, de ser preciso, establecer disposiciones orientadas a que aplicar castigos más severos dentro del ámbito estatal a esto que ya está tipificado como delito de orden federal.
Es dentro del operativo Cero Tolerancia, en el que participan autoridades municipales y estatales para vigilar el que los establecimientos funcionen de manera regular y en condiciones de orden, donde se ha dado cuenta de la alta incidencia de menores que buscan acreditarse como si fueran mayores de edad para poder ingresar a un bar o un antro.
Se sabe que recientemente se detectaron nada menos que 12 credenciales de elector falsas, como resultado de inspecciones realizadas en establecimientos ubicados en el Paseo Morelos y el bulevar Independencia.
De acuerdo con el gobernador, en estos casos claro está que se procede a aplicar sanciones de carácter administrativos a los negocios en los que se detectan ese tipo de irregularidades, sin embargo la intención es ir más allá para llegar al origen del problema y atacarlo, al castigar penalmente como corresponda a quienes están detrás de las falsificaciones.
“Ordené una investigación por parte de la Fiscalía, y se solicitará al Congreso revisar la posibilidad de configurar un delito local –si es que no está tipificado aún- para dar con los responsables de la fabricación de documentos oficiales y sancionarlos”, comentó.
El gobernador abordó el asunto al referirse a uno de los temas que se abordaron este lunes en reunión de trabajo del Subcomité Técnico de La Laguna, donde, según dijo, por otra parte se solicitó a las autoridades regionales del Ejército Mexicano realizar las gestiones que sean necesarias para poder programar con oportunidad una campaña para la aplicación de refuerzos, con vacunas de marcas confiables, a favor de quienes el año pasado fueron inmunizados en contra del Covid-19.
La intención es que la campaña pueda contar con vacunas de las llamadas bivalentes, distintas a las 100 mil que este año el gobierno federal envió a Coahuila de la farmacéutica Abdala, y de las cuales 80 mil no se han podido aplicar debido a que la gente no las acepta, por lo que tendrán que desecharse una vez que su fecha de caducidad se cumpla, esto dentro de un mes.
