Monclova, Coahuila.- Por el delito de Peculado en cuantía intermedia, el ex secretario particular y el ex contralor del ayuntamiento de Castaños, César “D” y Miguel Ángel “N” fueron vinculados a proceso, luego que la Fiscalía Especializada en Delito por Hechos de Corrupción, les imputo la malversación de poco más de 305 mil pesos de fondos públicos.
Al reanudarse la audiencia inicial del viernes 25 de octubre, en la que se dio una prórroga para este lunes, el juez escucho a las partes, donde la defensa de los presuntos responsables de peculado insistió en que el alcalde Enrique Soto Ojeda, no tenía la facultad de denunciar, aunque después de analizar los hechos la Fiscalía se convierte en otro denunciante, lo que en su momento también la Auditoría Superior tendría que identificar y posteriormente turnar a la Fiscalía.
Los más de 305 mil pesos que obtuvieron en simular un despido injustificado, fueron seguidos por la Fiscalía Anticorrupción para sustentar su denuncia y se dejó de manifiesto que los supuestos despedidos no podían haberse pagado la liquidación que reclamaban, además de usar documentos falsos y aprovechar que el contralor tenia los token o contraseñas de las cuentas municipales.
Bajo la causa penal 549/2019 los agentes de la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción formularon la imputación a los indiciados, presentaron una serie de pruebas que convencieron al juez, y concluyo vinculándolos a proceso.
Al retomarse la audiencia inicial, la defensa de los imputados, alegaron que la denuncia interpuesta en contra de los ex funcionarios carecía de legitimación al considerar que el Alcalde, en este caso Enrique Soto Ojeda, no tiene facultad para denunciar sino que para ello existen figuras como síndicos o contralores, por lo tanto buscaban dejar sin efecto las acusaciones.
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Tras la interacción entre los defensores, así como el Ministerio Público denunciante, el juez Homero Salinas pidió un tiempo para analizar el caso y posteriormente resolver, ante la insistencia de la defensa de los señalados.
El juzgador resolvió que el Alcalde es figura con facultades para interponer una denuncia en daños contra el patrimonio municipal y en la causa penal 549/2019 señaló existen los suficientes elementos para presumir una posible malversación de fondos públicos, por ello procedió a vincular a proceso a los indiciados y fijó a petición de las partes un plazo de 2 meses para ampliar la investigación o en caso de considerarlo buscar una salida alterna al conflicto.