Torreón, Coahuila. – Los poderes judiciales locales atienden, tres veces más, asuntos que el Poder Judicial de la Federación y ejercen solo la mitad de los recursos. Los asuntos que se atienden en tribunales locales son los más sensibles y cercano a la población, como son asuntos familiares, mercantiles, civiles y penales del fuero común, por lo que se propondrá a los legisladores federales la creación del Fondo Nacional de Apoyo para la Administración de la Justicia Local Fortalecer la Justicia, confirmó el Magistrado Miguel Felipe Mery Ayup.
No existe a nivel federal un fondo que ayude a fortalecer estas funciones fundamentales para mantener la gobernabilidad y la paz de los estados. Los presupuestos de los poderes judiciales locales salen de los presupuestos estatales y en promedio significan el 1.7 por ciento de los mismos; sin embargo, la reducción de las participaciones federales a las entidades federativas ha impactado en la capacidad de los estados para dotar de los mínimos indispensables a sus sistemas de justicia.
Adicionalmente, los poderes judiciales locales han asumido en los últimos años nuevas responsabilidades que antes correspondían a la federación sin recibir recursos para ello, como ha sido la competencia concurrente en materia mercantil, reforma en justicia laboral, narcomenudeo, medidas de protección a mujeres, obligaciones de la Ley General de Archivos.
Por ello, el Magistrado Miguel Felipe Mery Ayup, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, propondrá a los legisladores federales la creación de un Fondo Nacional de Apoyo a la Administración de Justicia Local que fortalezca la justicia más cercana a la población. Los recursos del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia Local constituirán una fuente de financiamiento distinta a los recursos que obtiene anualmente a través de la asignación presupuestal.
La propuesta es que se puedan destinar estos recursos a la adquisición, construcción y remodelación de bienes inmuebles destinados a órganos jurisdiccionales, comprar, rentar, reparar o mantener el mobiliario y el equipo necesario para impartir una justicia eficiente y acorde a las necesidades sociales, así como a capacitación, mejoramiento y especialización profesional del personal y al fortalecimiento de las defensorías públicas.
Con la creación de este fondo, los poderes judiciales de los estados podrían acceder al mismo con una fórmula que considerará el número de casos judicializados y asuntos atendidos en todas las materias, la proporción de jueces respecto a la población, número de órganos jurisdiccionales y órganos administrativos, los asuntos recibidos en defensorías de oficio, entre otros aspectos.
Esta propuesta de fondo además de presentarse a legisladores federales convocará a presidentes de tribunales superiores de justicia que se sumen a una alianza por la justicia local en nuestro país.