Torreón, Coahuila.- “La verdad yo creo que un trabajo no puede ser juzgado en una consulta popular, para ello México tiene las instancias legales y las instituciones sólidas como es el poder judicial, para castigar a quienes hayan cometido un delito y para lo cual deberán existir las pruebas suficientes y los elementos para encarcelar o dejar en libertad a una persona”, así se expresaron el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) Delegación Torreón, Carlos González Silva y el presidente del Consejo Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Fernando Menéndez Cuellar.
Lo anterior luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobará el diseño para la boleta que se utilizará en la consulta popular del primero de agosto y la cual de acuerdo a la percepción del sector empresarial e industrial no era necesaria, ni será legal, pues para castigar un delito el país ya cuenta con las instituciones responsables.
En este sentido el presidente de la CANACINTRA Torreón, expresó: “La verdad yo creo que un trabajo no puede ser juzgado en una consulta popular. Se tienen que utilizar las instancias legales, para eso está el poder judicial, además de que (ante) toda presunción de delito, debe haber un juicio”.
“No puedes decir que una persona hizo bien o mal su trabajo por una encuesta popular”.
“No se debió haber realizado ninguna consulta ciudadana, pues los ciudadanos no son un juez, para eso existen instancias legales como la Auditoría Superior de la Federación y las auditorias superiores de los estados, todos los asuntos donde existan delitos deben ser judicializados y castigados por la autoridad competente”, destacó el dirigente de los industriales.
“De ninguna manera será justo para nadie que se le castigue por una mera opinión de un ciudadano, esto no puede estar pasando en un país en vías de desarrollo”, recalcó.
Por su parte, el presidente del COPARMEX en La Laguna, Fernando Menéndez Cuellar, reiteró: “Desde un principio lo dijimos, la consulta no era necesaria, para eso se tienen elementos e instancias para juzgar a los responsables de un delito. La justicia no se pone a consideración de nadie y menos en una consulta popular”.
“Muchas cosas han cambiado y por ello una de las frases que más se utilizaron en el 2019 por parte de COPARMEX, era que la iban a pagar justos por pecadores y con la cuestión fiscal ya lo estamos viendo, cuando algunos proveedores los sancionaron y ahora resulta que las operaciones de las empresas eran fantasmas y se tendrán que defender en un juicio, en este caso será lo mismo”, expresó.
“La ley se debe de aplicar por los medios contundentes y legales, debe haber denuncias con hechos y pruebas y de ahí surge un posible responsable, pero no por una consulta popular, eso está fuera de toda legalidad”.
INE, SIN RECURSOS SUFICIENTES
Durante la sesión, consejeros electorales reprocharon que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no haya aprobado la ampliación presupuestal que requería el INE para organizar y llevar a cabo la consulta popular el 1 de agosto, por lo que esta situación obligará al órgano electoral a hacer reajustes a su presupuesto de este año.
“Acudimos a una consulta popular en condiciones a las que no queríamos acudir, por eso pedimos una ampliación presupuestal que no obtuvimos, y nos obliga a una serie de recortes, que no son dinero que sobraban, sino dinero que habrán de salir de otras funciones de este instituto. Pero, bueno, se trata de una función que tenemos que cumplir, y cumpliremos”, expresó el consejero electoral Uuc-kib Espadas Ancona.
