A través de una reforma a la Ley de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, se busca empoderar a la ciudadanía, para que conozca sus derechos, ante un mercado creciente tanto en instituciones, productos y plataformas, informó el diputado Jaime Bueno Zertuche.
El legislador coahuilense promovió una iniciativa para modificar la Ley de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a fin de incorporar la obligación de las instituciones financieras a que ante la contratación de esos servicios, cualquiera que sea su naturaleza, deberá hacer del conocimiento y poner a disposición del contratante su carta de derechos como usuario de servicios financieros.
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Además, debe incluir los datos de la Comisión con el fin de que quede en conocimiento pleno de sus derechos, alcances, institución ante la cual recurrir y forma.
Para dar cumplimiento a esta obligación, las instituciones pondrán a disposición de cliente una copia de la carta de derechos, misma que podrá ser entregada de forma física o bien enviada a un correo electrónico, “y de no existir constancia de la entrega, el contrato principal podrá ser anulado”.
Explicó que el objetivo es que las personas conozcan que ante los complejos contratos ofertados por las instituciones financieras, los cuales muchas veces son llenados sin la lectura o entendimiento adecuado, tienen derechos y existen instituciones especializadas para defenderlos.
CAEN EN MANOS DE AGIOTISTAS
En la exposición de motivos de la iniciativa, se indica que el sistema bancario debe ser más inclusivo y hacer lo necesario para que la gente en condición de pobreza tenga acceso al crédito, en lugar de que sea víctima de los agiotistas.
Las Naciones Unidas y el Banco Mundial informan que alrededor de dos mil quinientos millones de personas no utilizan servicios financieros formales y el 75 por ciento de los pobres no tienen cuenta bancaria.
Es por ello que la inclusión financiera es la clave para reducir la pobreza e impulsar la prosperidad; por lo que ambas instancias han promovido de manera constante el acceso al crédito.
Incluso, expertos lo han llegado a catalogar como un "derecho humano", toda vez que evita que la población económicamente más vulnerable y sin acceso al crédito, por falta de garantías, caiga en manos de los agiotistas que operan en la informalidad y sin control gubernamental.