Torreón, Coahuila.- El pasado jueves 15 de abril, la Cámara de Senadores aprobó la reforma constitucional al Poder Judicial que crea su nueva Ley Orgánica y la Ley de la Carrera Judicial, entre otras enmiendas.
Mediante dichas disposiciones, se busca erradicar el nepotismo y la corrupción entre jueces y magistrados que hayan aceptado sobornos o incurrido en tráfico de influencias, estableciéndose severas sanciones que comprenden desde el retiro del cargo y hasta 20 años de prisión a los togados que incurran en dichos delitos; además de actualizarse la causal de responsabilidad administrativa en los casos de acoso y hostigamiento sexual.
En tanto que la nueva Ley de la Carrera Judicial prohíbe expresamente a jueces y magistrados la contratación de familiares, amigos y allegados, estableciéndose que todos los cargos se obtendrán a través de concursos de oposición y que el desempeño, la permanencia y los ascensos de jueces y magistrados se someterán a concurso; consideraciones que, en conjunto, contribuirán al fortalecimiento del Poder Judicial en su conjunto y a garantizar a los mexicanos una mejor calidad en la impartición y administración de justicia.
Desafortunadamente, de última hora se incluyó un artículo transitorio que plantea ampliar por dos años el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia y de los integrantes del Consejo de la Judicatura, en abierta violación a los preceptos establecidos en el Artículo 97, que establece que el período del Presidente de la Corte es de cuatro años improrrogables y lo eligen sus pares, los ministros, y no los legisladores, y en el Artículo 100, en el que se establece la mecánica para la elección de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal.
Situación que, a juicio de muchos especialistas en la materia, constituye una falta de respeto a la Constitución y un imperdonable descuido de técnica legislativa, al suponer que el artículo transitorio de una ley general puede sustituir lo dispuesto en dos artículos constitucionales.
En virtud de las consideraciones señaladas, México SOS, la Red Nacional de Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia, los ciudadanos invitados permanentes al Consejo Nacional de Seguridad Pública, Reinserta, Ficosec, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica y el Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, se pronunciaron en contra de tal violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y hacen un llamado al Pleno de la Cámara de Diputados a fin de que, en su momento, se corrija la normativa aprobada en el Senado.
En el comunicado correspondiente se puede leer: “Como organizaciones de la sociedad civil y al igual que muchos mexicanos, nos pronunciamos a favor de:
I. La aprobación de una reforma de gran calado que recupere la confianza ciudadana en el quehacer de nuestros impartidores de justicia; el que se transparente el acceso al cargo de jueces y magistrados, y que se combata a fondo la corrupción, el nepotismo y el acoso sexual, entre otros vicios, que han afectado el prestigio y funcionamiento del Poder Judicial.
Rechazamos:
2. La aprobación del artículo transitorio que amplía por dos años el tiempo que debe permanecer el Ministro Presidente y los integrantes del Consejo de la Judicatura en el cargo, pues dicha disposición no sólo vulnera el ordenamiento constitucional vigente, sino que desvirtúa la naturaleza de la reforma en ciernes y suscita suspicacias políticas que polarizan los ánimos entre los principales actores políticos del país.
Demandamos:
3 Que el ordenamiento constitucional aprobado el día 15 de abril sea corregido por la Cámara de Diputados para evitar juicios de inconstitucionalidad que contribuyan a polarizar los ánimos de la sociedad en su conjunto, generando un enrarecimiento del clima político electoral que desacredita el valor de la reforma judicial que se viene trabajando y goza de amplia aceptación.
Finalmente, exhortamos al Poder Legislativo en general, a promover el respeto y apego a los postulados establecidos en nuestra Constitución Política, considerando que la ampliación del cargo del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal es inconstitucional y que, al obrar en tal sentido, se desvirtúa su labor, se pone en riesgo la división de poderes y se daña nuestra vida democrática.
Suscriben
Los ciudadanos invitados permanentes al Consejo Nacional de Seguridad Pública y las organizaciones de la sociedad civil mencionadas:
Alejandro Martí García
Saskia Niño de Rivera
James Tobin Cunningham Jorge Contreras Fornelli Jacqueline García Vázquez Marcos Fastlicht Sakler
Juan Manuel Hernández Niebla
México SOS Reinserta
Red Nacional de Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia Seguridad y Justicia
Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Edo de México Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California”.
