Andrés Manuel López Obrador dejó la presidencia hace 53 días y dejó una herencia al Congreso que se ha convertido en la prioridad de la actual legislatura: su Plan C de 20 iniciativas.
La Cámara de Diputados fue la cámara de origen de todas las iniciativas y hasta el momento los legisladores han aprobado 14 de las 20 iniciativas del denominado Plan C, de las cuales seis ya entraron en vigor tras ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Cuatro están pendientes por aprobar en el Senado, cinco por el Pleno de la Cámara de Diputados, dos por aprobar en las legislaturas locales y dos por ser declaradas constitucionales por el Congreso de la Unión y una de ellas, la reforma electoral, fue desechada en la pasada legislatura al no haber sido aprobada en comisiones.
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Publicadas en el DOF
Reforma Judicial: establece que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces sean elegidos por voto popular, reduce de 11 a nueve los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y sustituye el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por un Órgano de Administración Judicial
Reforma pueblos originarios y afromexicanos: dejan de ser entidades de interés público y se convierten en titulares de derecho y obligaciones jurídicas. El cambio les otorga el derecho de ser consultados cuando se pretenda implementar alguna reforma o medida administrativa que pueda afectar su vida o entorno.
Reforma energética: devuelve a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex) el carácter de empresas públicas del Estado, es decir, abandonan su visión de generar ganancias que les otorgó la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto y se concentrarán en proveer el servicio energético a la Nación.
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Reforma ferroviaria: permite al Estado retomar el derecho de utilizar las vías ferroviarias para prestar el servicio de trenes de pasajeros y faculta a la presidenta Claudia Sheinbaum a otorgar asignaciones a empresas públicas o concesiones a particulares.
Becas para el Bienestar Benito Juárez: establece la obligación de otorgar becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad.
Pensión para adultos mayores y personas con discapacidad: establece que el Estado garantizará el apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en menores de 18 años prioritariamente, los indígenas y las personas en condición de pobreza; y una pensión para las adultos mayores a 68 años y mayores a 65 en el caso de los indígenas.
Pendientes de aprobar por el Senado
Extinción de órganos autónomos: Desaparece al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Comisión Federal de Competencia Económica, Instituto Federal de Telecomunicaciones, Comisión Reguladora de Energía, Comisión Nacional de Hidrocarburos, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. Sus atribuciones serán reasignadas a dependencias del Poder Ejecutivo federal.
Prisión preventiva: agrega los delitos de extorsión y la producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de drogas sintéticas como el fentanilo al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva incluidos en el artículo 19 de la Constitución.
Guardia Nacional: traslada el control de la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Apoyo a jóvenes: eleva a rango constitucional el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro y garantiza un apoyo mensual equivalente a un salario mínimo, fijado en siete mil 468 pesos para 2024.
Pendientes de aprobar por las legislaturas locales
Salario mínimo: establece que la fijación anual de los salarios mínimos generales o profesiones, o la revisión de los mismos, nunca estará por debajo de la inflación del periodo de su vigencia
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Bienestar Animal: prohíbe el maltrato animal y obliga al estado a garantizar la protección de los animales y faculta al Congreso para legislar en esa materia.
Pendientes de recibir declaratoria de constitucionalidad por el Congreso
Reforma de vivienda: permite al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) comprar suelo, construir vivienda y rentarla a trabajadores.
Programas sociales: eleva a rango constitucional los programas pensión para personas con discapacidad, programas Sembrando Vida, fertilizantes para el Bienestar y Bienpesca.
Pendientes de aprobar en el Pleno de la Cámara de Diputados
Austeridad republicana y remuneraciones de servidores públicos: establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República.
Atención médica gratuita: obliga al Estado a garantizar atención médica integral, universal y gratuita a los mexicanos, incluyendo estudios médicos, intervenciones quirúrgicas y medicamentos.
Medio ambiente: prohíbe el maíz transgénico, el fracking y de manera parcial la minería a cielo abierto.
Uso del agua: establece que persona tendrá derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable, asequible y preferente sobre cualquier otro uso y prohíbe que el gobierno otorgue concesiones de agua para uso industrial en zonas con baja disponibilidad de agua en cantidad y calidad
Prohibición de vapeadores y cigarros electrónicos y con las actividades relacionadas con las sustancias tóxicas, precursores químicos, el uso ilícito del fentanilo y demás drogas sintéticas no autorizadas.
Reformas de Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum ha enviado dos iniciativas de reformas constitucionales al Congreso, mismas que ya entraron en vigor al haber pasado todo el proceso legislativo y ser publicadas en el diario Oficial de la Federación (DOF).
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Igualdad sustantiva de género: la reforma establece en la Carta Magna la obligación de la igualdad salarial entre hombres y mujeres, la creación de fiscalías especializadas en violencia de género
Fortalecimientos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC): permite a la institución encabezada por Omar García Harfuch realizar labores de investigación, crea un Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que estará facultado para auditar fondos de ayuda federal para la seguridad pública, que a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.
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