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En el primer año de la Cuatroté se duplicaron los juicios que la industria farmacéutica ha interpuesto para acelerar la autorización de medicinas y vacunas, al pasar de 520 a mil 164.
En su Plan Institucional 2020-2024, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) reconoce que la vía judicial ha sido la única alternativa que tienen los particulares ante el retraso en la liberación sanitaria, aunque agregó que el problema viene de tiempo atrás. Al inicio de este gobierno, la Cofepris ya arrastraba un rezago de 10 mil 198 trámites pendientes de autorizar.
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En la operación sanitaria, “que comprende la verificación, dictamen, sanciones, emisión de alertas y atención de emergencias sanitarias, se encontró un rezago de 10 mil 198 asuntos y trámites”, indica el documento.
Al presentar su plan para lo que resta del sexenio, la institución señala que su “capacidad operativa se ha visto rebasada y los tiempos legales establecidos no se han cumplido, generando un rezago considerable en materia de registros sanitarios de medicamentos, dispositivos médicos, plaguicidas y nutrientes vegetales”.
Revela también que en el primer semestre de 2020 ingresaron 26 mil 232 solicitudes a la Comisión de Autorización Sanitaria (CAS). De ese total, siete mil 795 corresponden a la autorización de productos y establecimientos (fármacos, medicamentos, plaguicidas y nutrientes vegetales) pero solamente cinco mil 294 fueron atendidas, lo que representa 68 por ciento de las solicitudes. “Este desempeño es resultado de que la CAS continúa evaluando solicitudes ingresadas en años anteriores, es decir, del rezago existente”.
En consecuencia, la industria farmacéutica y los particulares encontraron alternativas. “Los particulares han recurrido a instancias legales para la obtención de sus resoluciones de manera directa, como lo son las Afirmativas Fictas y Recursos de Reconsideración Administrativa” para buscar colocar en el mercado nacional medicinas e insumos para atender la salud de los mexicanos.
La Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF) acusó el año pasado que parte del desabasto de medicinas se debe a este rezago en las autorizaciones sanitarias.
La Cofepris acepta que “los particulares han recurrido cada vez más a estas vías” jurídicas. En el año 2017 la Comisión de Autorización Sanitaria enfrentó 437 juicios, un año después fueron 520 y para 2019 crecieron a mil 164.
“Frente al incremento de solicitudes de autorización sanitaria y ante las diferentes coyunturas y emergencias sanitarias que demandan la acción efectiva a esta Comisión Federal, es que la CAS determina prioritario hacer más eficiente el proceso de autorización sanitaria”, asegura el plan institucional.
El documento justifica que el rezago se debe a que el procedimiento de evaluación sanitaria se hace de forma manual, existen espacios de corrupción y una estructura en las 32 entidades que no ha podido ser consolidada por la falta de un marco legal adecuado o de profesionalización de sus encargados.
Los estados más rezagados son Oaxaca, Nayarit, Zacatecas, Chiapas, Ciudad de México, Yucatán, Michoacán y el Estado de México.
La Cofepris, que ahora encabeza Alejandro Svarch, asegura que en los próximos años se emprenderá una “reingeniería de procesos” y la digitalización de todos los trámites para “combatir la discrecionalidad, la corrupción y el influyentismo”.
Desde el año 2018 la AMIIF —que agrupa a empresas como AstraZeneca, Bayer, Lilly, Janssen, Novartis, Roche, Sanofi y Pfizer—, ha denunciado ese rezago en los procedimientos para liberar nuevas alternativas de salud en México.
En su más reciente reporte, del mes de abril, registra mil 215 solicitudes presentadas ante la Cofepris que se encuentran en rezago. Agrega que mientras la agencia sanitaria de Estados Unidos aprobó 33 productos en 240 días, la Cofepris en México sólo autorizó 13 en 280 días.
Y desde que inicio la actual administración, asegura, sólo se han entregado 22 registros sanitarios en nuestro país.
