El gobierno de Andrés Manuel López Obrador encontrará desorden en programas sociales federales, ya que 45% de estos carecen de un padrón de beneficiarios confiable, situación que termina con malos manejos en sus recursos, tales como el desconocimiento de cuántas personas reciben apoyo y por cuál cantidad.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), este año el gobierno federal opera 150 programas (hay más, pero esos dependen de los gobiernos estatales y municipales), los cuales cuentan con un presupuesto de 831 mil 822 millones de pesos.
Parte del desorden de los programas sociales es por la carencia información de cuántas personas son beneficiarias, es decir del padrón. De acuerdo con la Presentación y Análisis del Inventario Federal de
Programas y Acciones de Desarrollo Social 2016-2017 del Coneval (el más reciente), del 45% de éstos carecen de la lista de personas que reciben los apoyos.
“Un elemento importante que contribuye, entre otras cosas, a la articulación de la oferta gubernamental y a la transparencia y rendición de cuentas, es contar con un padrón de beneficiarios.
En 2016, 55% de los programas y acciones federales de desarrollo social reportaron contar con un padrón de beneficiarios.
De estos, 53.6% actualiza dicho padrón de manera anual, mientras que 31% lo hace trimestralmente”, dice el documento.
Para Rodolfo de la Torre, director del Programa de Desarrollo Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, esta cifra es una muestra de la existencia de falta de organización en la política social que impera hasta el momento, ya que al desconocer quiénes son los beneficiarios no se pueden tener claros los objetivos y se cae en la duplicidad.
Una de las soluciones que se ha contemplado es la creación de un padrón único de beneficiarios, pero hasta el momento, sigue sin concretarse, y tampoco hay certeza de que el equipo de López Obrador la lleve a cabo.
“Lo que el siguiente gobierno debería hacer es ordenar los programas a nivel nacional mediante un sistema de administración de programas sociales, equivalente al SAT, pero en lugar de estar enfocado en los impuestos debe enfocarse en los gastos y población que debe de recibir los apoyos”, dijo.
Además, hay que sumarle lo encontrado por la Auditoría Superior de la Federación en la aplicación de los recursos a los programas federales. Por ejemplo, en el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, se encontró irregularidades respecto a los beneficiarios de programas sociales.
Por ejemplo, en el Programas de Pensión para Adultos Mayores, Empleo Temporal y Empleo Temporal Inmediato tienen beneficiarios sin edad o cuentan con edad menor a la estipulada en las Reglas de Operación; personas sin dato en el campo sexo, entre otras cosas. Esto derivó en un daño al erario público de al menos 3.1 millones de pesos.
Otro ejemplo es el Programa Prospera en su componente de Inclusión Social. Ahí, la ASF detectó inconsistencias en los padrones, tales como fechas de nacimiento registradas en un rango de años de 1643 a 2050; así como dos mil 014 localidades atendidas duplicadas.
Esos son tan sólo dos ejemplos de cómo la falta de padrones de beneficiarios impacta en la implementación de programas sociales con resultados negativos.
