Torreón, Coahuila.- La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para proteger, blindar y garantizar el ejercicio de derecho de las menores que son víctimas de un delito de violación sexual y que quieren abortar en el caso de haber resultado embarazada es un paso relevante, pues se coloca prácticamente un candado a este derecho o norma, porque en alguna entidades del país como Baja California o Aguascalientes seguía pugnando por una controversia constitucional, la cual ya no prosperará, reitero la activista feminista, Laura Esquivel; la Magistrada del TSJE, María Luisa Valencia García; y el presidente de la Cámara de Comercio de Torreón, Mariano Serna Muñoz.
En este sentido hay que recordar que este derecho ya había sido validado por la norma oficial mexicana 046 emitida por la Secretaría de Salud, donde desde el 2016 se había hecho una reforma para establecer que las menores de 12 a 17 años podían solicitar por sí mismas una interrupción a su embarazo, en algunas opciones avalado por su padre, madre o tutor, y en otros por las mismas dependencias defensoras de los derechos de las infancias, recalcó Laura Esquivel.
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“Esta es una norma que dentro del país ya tiene una aplicación, seguimiento y presupuesto, y lo que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo referente de justicia en nuestro país, es proteger, es blindar esta norma para que se respete el ejercicio de este derecho”, compartió la feminista.
“Lo que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación es como brindarle un candado a este derecho, para que ya no surjan más intentos por frenarla”, destacó la activista.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Torreón, Mariano Serna Muñoz, dijo que dados los tiempos que estamos viviendo, ese grupo de la población integrado por jóvenes entre 12 y 17 años, son personas que en muchos aspectos conviven con situaciones que no son acordes con su edad, como es la sobreexposición a las drogas, al alcohol, a la pornografía, la violencia, etc., pero por no contar con la mayoría de edad no pueden decidir sobre sus personas ya que dependen de sus padres, padres que en algunos de los casos son víctimas de las adicciones o se encuentran ausentes
“Entonces, en caso de violación de uno de estos jóvenes vulnerables, yo creo que es positiva la intervención del Estado para velar por su protección”, añadió el dirigente de la CANACO.
Ante la nueva norma que les permite ser atendidas por un aborto es positiva, a lo que en forma categórica pidió que esto se aplique “solo en casos de violación y siendo muy buen revisadas las causas y las condiciones”, recalcó.
Finalmente, la magistrada del Poder Judicial en Coahuila, María Luisa Valencia García, expresó que la norma oficial 046 se establece para las mayores de 12 y menores de 17 años, y la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación es una razón muy fuerte en atención a la salud física y mental de las niñas, pues el intentar obligarlas a tener a esos bebes después de una violación no es otra cosa que una revictimización de por vida de la menor, pues ese niño será el recuerdo de lo que le ocurrió.
Por otra parte, físicamente un embarazo en una menor es un riesgo latente y pone en peligro su vida, por lo que esta determinación es más que favorable, destacó.
