Enrique Busquets, el asesino y pederasta de Torreón podría salir en 5 años de prisión, toda vez que fue condenado a pasar tras las rejas 20 años en 2006, cuando se le halló culpable del asesinato de Carlos Alberto, de solo 11 años.
El terrible crimen tuvo lugar en un negocio llamado “Centro de Inteligencia Artificial” en la colonia San Isidro de Torreón. Ahí, Enrique vendía desde artículos de computación hasta videojuegos, por lo que era un negocio frecuentado por niños, sobre todo en épocas decembrinas y cerca del Día de Reyes.
Carlitos, su víctima, no fue la excepción a la regla y acudió en las primeras horas del 2 de enero 1999 a escoger un juego de video como regalo de los Reyes Magos. Pese a que iba acompañado por un amigo de nombre Andrés, no es muy claro lo que sucedió aquel día.
De acuerdo con declaraciones, solo se sabe que en determinado momento el pequeño Carlos se quedó solo con Enrique Busquets y, después, el menor fue encontrado muerto en un terreno cercano, provocando un gran escándalo en La Laguna.
AUTORIDADES PERMITIERON IRREGULARIDADES EN CASO BUSQUETS
Las autoridades de entonces iniciaron de inmediato una investigación que estuvo plagada de irregularidades, según el fiscal especial del caso en el año 2000, Juan Chapa, debido de “ramificaciones que el infanticidio tiene con una red de pederastia y pornografía infantil en Coahuila”, como recogió el diario La Jornada en su momento.
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Todo inició el domingo 3 de enero con el hallazgo del cuerpo, mismo que llevó al entonces comandante de la Policía Municipal de Torreón, Javier Gutiérrez Pesqueira, a iniciar de inmediato las averiguaciones, consiguiendo así testimonios de adolescentes que denunciaron ser acosados sexualmente por Busquets.
También pudo fotografiar las llantas de la Ram Charger de Busquets, que coincidían con las huellas en el terreno donde fue encontrado el cadáver de Carlitos y contrató los servicios de peritaje del FBI, quienes usaron el “detector de mentiras” que arrojó que Busquets mentía sobre todo lo que decía sobre el caso.
A lo anterior se le sumó el dicho de Andrés, el amigo de Carlitos, quien aseguró que el último lugar que él había visitado fue el “Centro de Inteligencia Artificial”, así como la venta apresurada de la camioneta de Busquets, lo que apuntaba a un claro responsable del homicidio.
Sin embargo, el gran trabajo del jefe policiaco Javier Gutiérrez Pesqueira no fue reconocido. En cambio, él fue despedido y acusado de “obstruir la justicia” al igual que Rafael Rosales, exagente del Ministerio Público que integró la averiguación previa, ambos además amenazados de ser arrestados supuestamente por el exprocurador de justicia en Coahuila, Ricardo Cisneros.
Poco tiempo después se intentó convencer a la opinión pública de que habían capturado al responsable, un joven indigente y discapacidad mental: José Alfredo ‘El Greñas’, quien en una de sus declaraciones ante la justicia aseveró: “yo lo apuñalé”, pese a que el cuerpo del menor no tenía ni una sola puñalada, lo que lo llevó a ser liberado.
Finalmente, cuando intentó seguirse la más importante de las pruebas, la declaración de Andrés sobre el último lugar que visitó Carlos, esta se perdió cuando el entonces niño de solo 11 años fue citado por un agente del Ministerio Público a testificar y cambió su versión de los hechos, lo que más tarde Andrés explicó se debió a repetidas amenazas de muerte que recibió su familia. Todo esto durante el mandato de Rogelio Montemayor Seguy.
FISCAL ESPECIAL RESOLVIÓ EL CASO BUSQUETS
Cuando entró en funciones el gobierno de Enrique Martínez y Martínez, este designó como procurador a Óscar Calderón, quien de inmediato intentó dar un “carpetazo” asegurando que Carlitos había muerto “jugando a las luchitas o taekwondo”, lo que solo avivó el escándalo y lo obligó a nombrar un fiscal especial para el caso: Juan García Chapa.
García Chapa, entrenado por la agencia de inteligencia israelí, se encontró con un archivo a medias: el peritaje del detector de mentiras y varios retratos hablados sustraídos del expediente; además, se encontró que nadie había entrevistado a Angélica María, la exesposa de Busquets, y que no había material confiscado por las autoridades.
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A pesar de que al fiscal especial no le dieron, según La Jornada, presupuesto para pagar “ni la electricidad”, él “empezó a jalar el hilo” y pronto pudo rastrear lo ocurrido con la camioneta de Busquets, cuyo asiento trasero fue abandonado en un deshuesadero, donde se halló una fibra de la camisa que Carlos vestía el día de su asesinato.
Además, en entrevista, la expareja de Busquets le declaró que aquel 2 de enero de 1999 él llegó de manera sigilosa a casa por la noche, tenía un terrible olor impregnado en la ropa y la camioneta se hallaba sucia, por lo que al día siguiente quiso limpiarla rápidamente y ponerla a la venta sin ninguna explicación.
Con ambas pruebas, decidió de inmediato dar con el paradero del hombre. Se percató que viajó de Torreón a Monterrey, Zacatecas, Durango, Camargo y a El Paso, Texas, por lo que solicitó una orden de arresto y viajó hasta la frontera; sin embargo, el juez la negó y Busquets pudo fugarse una vez más.
LA INCANSABLE CACERÍA DE BUSQUETS Y SU SENTENCIA
Después de “fracasar” en ese intento de aprehensión, el fiscal especial García Chapa tuvo que volver a iniciar la cacería de Busquets. A través de Internet, se dedicó a “peinar” todos los sitios de pornografía infantil hasta que consiguió dar con él y pudo entablar conversación para hacerse de su confianza.
Por medio de un programa espía, el agente consiguió detectar que se había mudado a España y se lo dijo al procurador Óscar Calderón, quien solo le dijo: “Okey, pídeselo a la Interpol por Estafeta”; no obstante, García Chapa decidió reunirse con el papá de Carlos Muñoz, con quien viajó a Monterrey para hablar con el cónsul de España.
El español se interesó demasiado en el caso, sobre todo porque al ser un caso de pederastia y pornografía infantil era particularmente delicado. Él lo comunicó a las autoridades e involucró a la Interpol que en septiembre de 2004 consiguió detenerlo y en noviembre 2005 extraditarlo a México.
Ya en Coahuila se inició el proceso en contra de Enrique Busquets. Los elementos de prueba presentados ya en 2006 por García Chapa, sumados a una nueva declaración de Andrés sobre el último lugar al que Carlos entró, el “Centro de Inteligencia Artificial”, fueron suficientes para que la juez María Luis Valencia condenara a 20 años de prisión a Busquets, es decir, la pena máxima del entonces vigente Código Penal en Coahuila, a cumplirse en Saltillo.
En 2018, la defensa de Busquets intentó conseguir que saliera libre de manera anticipada, asegurando que él estaba ya completamente rehabilitado; sin embargo, el Consejo Técnico Interdisciplinario lo negó, por lo que dos beneficios solicitados fueron negados y él habrá de cumplir su sentencia hasta 2026, año en que este asesino y pederasta de Torreón saldrá en libertad.
