Después de que se paguen las multas a las que se hicieron acreedores sus propietarios y sobre todo una vez que se subsanen las deficiencias e irregularidades tanto en sus instalaciones como en sus prácticas que representaban evidentes riesgos para la salud de su clientela, podrán reabrir sus puertas al público los dos negocios de pollo frito y a la leña que recientemente fueron clausurados por inspectores municipales en las inmediaciones del sector Alianza, en el Centro de Torreón.
En estos casos, normalmente el monto de las sanciones que deben cubrir los propietarios de los establecimientos infractores puede variar entre los 25 mil y los 55 mil pesos, dependiendo de si son o no reincidentes y de la gravedad de las faltas en las que hayan estado incurriendo en contra de las disposiciones contempladas en las normas sanitarias y en la reglamentación vigente a nivel municipal.
Raúl Rodríguez García, titular de la Dirección de Inspección y Verificación Municipal, recordó que fue el pasado lunes cuando se realizó el cierre de la sucursal de Pollo Santos ubicada sobre la calle Ramos Arizpe del primer cuadro de la ciudad, mientras que al día siguiente la medida se hizo efectiva también en la sede de Pollo Feliz ubicada en la misma vialidad, muy cerca del mercado Alianza.
Como se informó en su oportunidad en voz del funcionario, en el primero de los casos se determinó que el negocio no podía seguir en funcionamiento por las serias deficiencias sanitarias que se constataron durante una visita de inspección, y es que presentaba en el área de cocina y refrigeración heces de ratas, nidos de cucarachas y otros insectos.
En tanto, en el segundo establecimiento, la clausura temporal preventiva se justificó plenamente debido a que se encontró falta de limpieza en el área de cocina, presencia de heces de roedores cerca de los alimentos, gusanos, salsas expuestas a temperatura ambiente, refrigeradores descompuestos y bebidas caducas, entre otras irregularidades.
Además, el local operaba con una licencia de funcionamiento vencida, carecía de certificado de fumigación y tarjetas de salud del personal, y presentaba inadecuadas conexiones eléctricas, lo que representaba un riesgo.
En el acta de clausura se asentó la falta de higiene, almacenamiento inadecuado de productos y manipulación inapropiada de alimentos que quebrantan las normas sanitarias establecidas, lo que pone en riesgo la salud pública.
Rodríguez García comentó que una vez que ante anomalías flagrantes y probadas como las encontradas en estos casos, cuando un negocio de comida llega a ser clausurado queda en manos de los propietarios decidirse a reabrir o no el establecimiento, en el entendido de que, si después de pagar la multa correspondiente se opta por reactivarlo, se deben subsanar de manera puntual todas las irregularidades señaladas y dar aviso de ello a las autoridades competentes.
