Torreón, Coahuila.- El 5 de mayo del 2019, Rafael Ibarra, quien tenían 65 años de edad, fue asesinado por asfixia en el ejido Atalaya de Matamoros.
Ante el hecho, sin ninguna orden de aprehensión, al siguiente día personal de la Fiscalía de Coahuila Delegación Laguna I detuvo a Juan Andrés y Jorge Alberto.
Los pusieron a disposición y estuvieron internados en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Torreón; sin embargo, por falta de pruebas los dejaron en libertad el pasado 11 de octubre y quedaron en arraigo domiciliario.
No obstante, este miércoles 24 de noviembre tuvieron otra audiencia y los volvieron a detener.
Es por eso que familiares, amigos y vecinos de ambos llegaron hasta las instalaciones del Centro de Justicia Penal para manifestarse y exigir que los liberen.
“Supuestamente en la audiencia que tuvieron ayer ya iban a quedar completamente libres, pero citaron al hermano de la persona que los acusó por primera vez, que es un hombre que padece de sus facultades mentales, y los acusó, cuando él no estuvo en el lugar de los hechos”, dijo la mamá de Jorge Alberto.
“Entonces, en lugar de otorgarles la libertad los volvieron a meter al Cereso”, agregó.
Pide justicia, pues no existe, incluso, ninguna denuncia en su contra.
Al respecto, el papá de Juan Andrés, Ricardo Díaz, dijo que su hijo no sería capaz de cometer ese tipo de actas, pues era un joven que estaba estudiando su carrera profesional en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) “y el corrupto sistema de justicia se la truncó”.
